El Gobierno de España ha defendido su cumplimiento de las recomendaciones del Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO), a pesar de que este organismo ha señalado que el país no ha implementado de manera satisfactoria ninguna de sus sugerencias. En un informe reciente, el GRECO destacó que, de las 30 recomendaciones realizadas a España en dos rondas de evaluación, 24 se consideran cumplidas o parcialmente cumplidas, mientras que seis siguen pendientes de implementación.
El GRECO, creado en 1989 para mejorar la lucha contra la corrupción en sus 47 países miembros, ha expresado su preocupación por la «pobre implementación» de sus recomendaciones en España. En particular, el organismo ha señalado que, aunque se han adoptado medidas para prevenir la corrupción en miembros de parlamentos, jueces y fiscales, la situación es menos satisfactoria en lo que respecta a los altos cargos de la administración pública.
El Gobierno ha informado que ha cumplido totalmente o parcialmente todas las recomendaciones de la cuarta ronda de evaluación, que se centra en la prevención de la corrupción en miembros de parlamentos, jueces y fiscales. Sin embargo, en la quinta ronda, que aborda la prevención de la corrupción en miembros de Gobiernos centrales y cuerpos de seguridad del Estado, el GRECO ha indicado que España solo ha cumplido parcialmente 13 de las 19 recomendaciones.
A pesar de las críticas, el Gobierno ha presentado un informe al GRECO donde detalla las medidas adoptadas desde la publicación de los informes. Una de las iniciativas más destacadas es el ‘Plan de Acción por la Democracia’, que busca fortalecer los elementos del Estado de Derecho y proporcionar herramientas a la sociedad civil para evaluar la acción de los poderes públicos. Este plan incluye la creación de un Estatuto de la Autoridad Independiente de Protección del Informante, que tiene como objetivo garantizar la protección de quienes informan sobre irregularidades y servir como pilar institucional en la lucha contra el fraude y la corrupción.
Además, el Gobierno ha aprobado un proyecto de Ley de transparencia e integridad de los grupos de interés, que regulará las relaciones entre los lobbies y los empleados públicos. También se ha implementado un Estatuto del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, que busca fortalecer la autonomía e independencia de esta institución.
El GRECO ha instado a las autoridades españolas a prestar mayor atención a la prevención de conflictos de interés entre los altos cargos, así como a aumentar la transparencia en las funciones ejecutivas de los miembros del Gobierno y sus asesores. A pesar de las medidas adoptadas, el organismo ha señalado que no se ha diseñado una estrategia específica para los altos cargos del Gobierno central, quienes enfrentan desafíos particulares debido a su naturaleza política y su interacción con el sector privado.
El GRECO también ha solicitado que se refuercen los estándares de transparencia e integridad aplicables a los asesores del Gobierno, sugiriendo que sus perfiles y salarios deberían ser públicos. Esta recomendación busca asegurar que todos los miembros del Gobierno, independientemente de su posición, cumplan con los mismos estándares de transparencia.
En resumen, el Gobierno español ha presentado un esfuerzo por cumplir con las recomendaciones del GRECO, pero enfrenta un desafío significativo en la implementación efectiva de estas medidas. La próxima evaluación del GRECO, programada para junio en Estrasburgo, será crucial para determinar el progreso de España en la lucha contra la corrupción y la promoción de la integridad en la administración pública.