El Gobierno español ha estado lidiando con la percepción de parálisis en el Congreso, un desafío que se ha intensificado en los últimos meses. A pesar de los esfuerzos de los ministros y portavoces del PSOE por demostrar que la actividad legislativa sigue en marcha, la realidad es que la compleja aritmética parlamentaria ha obligado al Ejecutivo a reducir su ritmo de trabajo. En el primer trimestre de 2025, el balance es claro: solo cuatro reales decretos han sido convalidados y una ley ha sido aprobada, mientras que el Gobierno ha enfrentado tres derrotas significativas.
A finales de 2024, Pedro Sánchez se encontraba en una situación crítica, ya que estaba a punto de cerrar su año menos productivo en el Congreso, con solo 25 normas publicadas en el Boletín Oficial del Estado. En respuesta, el PSOE comenzó a resaltar su labor legislativa, con el portavoz Patxi López insistiendo en que las negociaciones con los socios son constantes y que varias leyes están en trámite de ponencia, el paso previo a su aprobación.
Sin embargo, la cifra de leyes aprobadas en esta legislatura está muy por debajo de los 74 de 2022 y las 65 de 2021. La situación actual en la Cámara Baja es diferente, ya que el Gobierno necesita el apoyo de todos sus aliados para cada votación, lo que ha otorgado un poder considerable a los socios, especialmente a Junts, que ha sabido aprovechar esta situación para presionar al Ejecutivo.
Esta dinámica ha generado descontento en otras formaciones políticas. Gabriel Rufián, portavoz de ERC, ha criticado al Gobierno por su constante atención a las exigencias de Junts, mientras que el PNV ha expresado su frustración por la incapacidad de algunos partidos para alcanzar acuerdos. Aitor Esteban, líder del PNV, ha enfatizado la necesidad de encontrar una solución que satisfaga a todas las partes involucradas.
El inicio del año no fue fácil para Sánchez, quien sufrió una dura derrota en el primer pleno de la nueva sesión. El Gobierno perdió dos reales decretos importantes, uno relacionado con ayudas al transporte y otro sobre la revalorización de las pensiones, debido al rechazo de Junts, que acusó al Ejecutivo de «trilerismo». A pesar de esto, los socialistas lograron salvar la reforma de pensiones gracias al apoyo del PP.
Poco después, Junts cambió de postura y votó a favor del decreto ‘ómnibus’, aunque a cambio de que se tramitara una iniciativa para instar a Sánchez a someterse a una cuestión de confianza, algo que finalmente no se concretó. La relación entre el Gobierno y Junts se ha mantenido tensa, lo que llevó a los posconvergentes a rechazar la ley para la creación de la Agencia Estatal de Salud Pública como represalia por la eliminación de enmiendas en la Ley de Desperdicio Alimentario, que fue la única norma aprobada hasta ahora.
A pesar de estos contratiempos, el Gobierno ha logrado avanzar en algunos aspectos. En el último pleno antes del parón de Semana Santa, se convalidó un real decreto para el reparto de menores migrantes no acompañados y otro que ofrece ayudas para la compra de vehículos eléctricos. Además, se obtuvo el apoyo de todos los socios para enviar al Senado dos leyes: una para reformar la ley de asociaciones y prohibir aquellas que hagan apología del franquismo, y otra relacionada con el concierto económico del País Vasco.
De cara al futuro inmediato, estas dos iniciativas, junto con un proyecto para evitar despidos automáticos de trabajadores con incapacidad permanente, son las únicas leyes que están en tramitación en el Senado y que podrían ser aprobadas antes del verano. En el Congreso, hay una decena de textos en fase de ponencia, pero el PSOE ha decidido no activar los trámites hasta tener acuerdos cerrados con todos sus socios que garanticen el éxito en las votaciones.
Entre los proyectos en espera se encuentra la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como ‘ley Mordaza’, que cumplirá diez años desde su implementación en verano, y una iniciativa para legalizar a medio millón de migrantes. Además, el PSOE ha tenido que frenar la llamada ‘ley Begoña’, que busca proteger los derechos fundamentales frente al acoso judicial, así como la delegación de competencias de migración a Cataluña, un pacto que había alcanzado con Junts.