El reciente despliegue de bomberos forestales por parte de la Generalitat Valenciana durante la emergencia provocada por la dana ha sido objeto de críticas debido a su insuficiencia. Según informes, el 29 de octubre, solo se activaron seis unidades para atender la situación, a pesar de contar con un total de 56 disponibles en toda la Comunitat Valenciana. Esto se tradujo en la movilización de 36 profesionales, de los cuales cinco de los seis equipos enviados estaban incompletos, lo que redujo el número efectivo de bomberos a 30.
Entre las funciones de estos equipos se encuentra la vigilancia de los cauces de los barrancos para medir su caudal, tal como lo estipula el Plan de Inundaciones autonómico. Sin embargo, la falta de personal en los equipos movilizados ha generado preocupaciones sobre la efectividad de las operaciones de emergencia. La Conselleria de Emergencias, al responder a preguntas de la diputada del PSPV Alicia Andújar, admitió que la mayoría de los equipos enviados no contaban con el número completo de bomberos, lo que podría haber comprometido la seguridad y la eficacia de las intervenciones.
Además, el Consell no utilizó ninguna de las seis unidades helitransportadas de los bomberos forestales, que podrían haber sido cruciales para realizar tareas de rescate o apoyo logístico. A pesar de que estas unidades estaban disponibles y contaban con el respaldo de Aviación Civil, permanecieron en tierra durante la emergencia. Solo se registraron un par de vuelos, uno para recoger un grupo electrógeno y otro de reconocimiento, pero no se llevaron a cabo operaciones de rescate o transporte de suministros a las zonas afectadas.
La falta de movilización de los helicópteros ha sido criticada por diversas fuentes, quienes argumentan que estos podrían haber facilitado el acceso a áreas incomunicadas, transportado personal sanitario o equipos de salvamento, e incluso ayudado a localizar a personas atrapadas. En situaciones de emergencia, el tiempo es un factor crítico, y la capacidad de respuesta puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte.
En cuanto a las unidades terrestres, se esperaba que cada uno de los seis equipos desplegados contara con cinco bomberos forestales, además de un conductor de autobomba. Sin embargo, la mayoría de los equipos estaban subdotados de personal, lo que incrementó el riesgo para los trabajadores y disminuyó la efectividad de sus acciones. Por ejemplo, la unidad de Villargordo fue activada con solo cuatro bomberos, lo que representa un 33% menos de personal del que se requería para afrontar la situación de emergencia.
El despliegue de los equipos se realizó bajo la dirección del jefe del operativo, José Miguel Basset, quien ordenó las salidas una vez que se había decretado la alerta hidrológica en el río Magro y en el barranco del Poyo. Sin embargo, se reportó que una de las unidades fue retirada poco después de ser movilizada, lo que generó confusión y preocupación entre los responsables de la operación. Argüeso, secretario autonómico, declaró ante la jueza que no estaba al tanto de este repliegue, lo que pone en duda la coordinación y la comunicación entre los diferentes niveles de la administración durante la crisis.
La situación se complicó aún más debido a que el único punto de medición de aforo de la Confederación Hidrográfica del Júcar se encuentra aguas arriba, lo que no permitía conocer el caudal real que portaba el barranco en el momento crítico. Esto subraya la importancia de contar con sistemas de medición adecuados y efectivos para poder reaccionar de manera oportuna ante situaciones de emergencia.
En resumen, el despliegue de los bomberos forestales durante la dana en Valencia ha sido criticado por su inadecuación y falta de preparación. La insuficiencia de personal y la no utilización de recursos disponibles como los helicópteros han planteado serias dudas sobre la capacidad de respuesta ante emergencias en la región. La situación resalta la necesidad de revisar y mejorar los protocolos de actuación en situaciones de crisis para garantizar la seguridad y el bienestar de la población afectada.