El juez Juan Carlos Peinado ha programado para el 14 de mayo a las 12:30 horas un careo entre Alfredo González, quien gestionó la propuesta de nombramiento de Cristina Álvarez como asesora de Begoña Gómez, y la propia Álvarez. Este careo se enmarca en una investigación que busca esclarecer la relación jerárquica entre González y el actual ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, quien ha sido señalado como superior en este proceso.
En una providencia emitida por el Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid, se ha establecido que, además del careo, se citará como testigo a Raúl Díaz Silva, coordinador de personal de Moncloa en 2018. Esta decisión surge tras la declaración de González, quien ocupaba el cargo de vicesecretario general de la Presidencia del Gobierno en el momento en que se tramitó la propuesta de nombramiento de Álvarez.
Durante su testimonio, González afirmó no conocer a Álvarez ni a la mayoría de las personas cuyos nombramientos gestionó, y no recordaba si había revisado su currículum. Aclaró que su función se limitaba a remitir las propuestas de personal eventual al órgano competente, enfatizando que el nombramiento y cese de este tipo de personal es libre, según lo estipulado por el Estatuto Básico del Empleado Público.
El juez Peinado mostró sorpresa ante la declaración de González, señalando que en la Administración Pública se suelen exigir procesos rigurosos y selectivos para los nombramientos, especialmente cuando se trata de personal que percibe salarios del presupuesto estatal. González, sin embargo, insistió en que este procedimiento era habitual para el personal eventual, indicando que los requisitos mencionados por el juez no aplicaban en este caso.
En cuanto a la contratación de Álvarez, Bolaños defendió su designación como conforme a la ley de contratación de personal eventual, desvinculándose de cualquier irregularidad en el proceso. Por su parte, Álvarez explicó que fue contactada por Begoña Gómez, a quien conocía desde hacía tiempo, para desempeñar funciones de asesoría tanto en asuntos oficiales como privados.
El juez ha abierto una nueva línea de investigación, considerando que la contratación de Álvarez podría constituir un delito de malversación de fondos públicos. En este contexto, Begoña Gómez y su asesora están siendo investigadas, y se indagan también posibles delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida de marca e intrusismo profesional. Esta situación ha generado un gran interés mediático y ha puesto de relieve las complejidades del proceso de nombramiento en la administración pública española.