Un reciente informe de los servicios jurídicos del Senado ha declarado inconstitucional la reforma de la Ley que regula el derecho de asociación, impulsada por el PSOE con el objetivo de facilitar la disolución de entidades que promuevan la apología del franquismo. A pesar de este dictamen, la mayoría del Partido Popular en la Mesa del Senado ha decidido tramitar la reforma para evitar posibles acusaciones de prevaricación. Esta decisión se basa en un precedente relacionado con la Ley de Amnistía, que también fue considerada inconstitucional pero que fue tramitada en su momento.
La reforma fue aprobada en el Congreso con el apoyo de varios partidos, incluyendo PSOE, Sumar, ERC, Junts, Bildu, PNV, Podemos, el Bloque Nacionalista Galego, Coalición Canaria y Unión del Pueblo Navarro. El PP se abstuvo y Vox votó en contra. Esta proposición de ley busca cumplir con la disposición adicional séptima de la Ley de Memoria Democrática, que fue promulgada en octubre de 2022 y que ya contemplaba la modificación de la ley de asociaciones.
La norma se centra exclusivamente en asociaciones, dejando de lado a las fundaciones, como la Fundación Franco, cuya disolución sigue un proceso diferente bajo la supervisión del Ministerio de Cultura. Sin embargo, existe la preocupación de que la Fundación Franco intente transformarse en una asociación para eludir su disolución. Por ello, el PSOE ha decidido impulsar la reforma de la Ley de Asociación de manera paralela.
La reforma incluirá una disposición adicional que establecerá como causa de disolución la realización de actividades que constituyan apología del franquismo. Esto abarcará acciones que ensalcen el golpe de Estado de 1936 o la dictadura posterior, así como el enaltecimiento de sus líderes, siempre que se demuestre un menosprecio y humillación hacia las víctimas de esos eventos. Además, se especificará que esta causa de disolución se aplicará independientemente de los fines teóricos y actividades que figuren en los estatutos de la asociación, así como de su cumplimiento con el deber de inscripción registral.
La iniciativa original de la reforma subrayaba que la disolución tendría que llevarse a cabo mediante una resolución judicial, con el Ministerio Fiscal encargado de ejercer la acción en estos casos. Sin embargo, durante la fase de ponencia, se introdujo una enmienda que permite la disolución por la vía penal. Esta enmienda, acordada por varios partidos, establece que el Ministerio Fiscal podrá valorar el ejercicio de la acción penal de disolución en casos de delitos relacionados con derechos fundamentales, especialmente en situaciones de incitación al odio o a la violencia.
Además, la enmienda reconoce la legitimación activa a asociaciones, entidades o personas jurídicas que tengan como objetivo la defensa de la memoria democrática y de las víctimas del golpe de Estado de 1936 y de la dictadura. Esto implica que estas entidades podrán actuar en defensa de sus derechos y en contra de aquellas asociaciones que promuevan ideologías franquistas.
La controversia en torno a esta reforma refleja la tensión existente en la sociedad española respecto a la memoria histórica y la lucha contra el franquismo. La Ley de Memoria Democrática, que busca reparar el daño causado por la dictadura, ha sido objeto de debate y resistencia por parte de ciertos sectores políticos y sociales. La posibilidad de disolver asociaciones que promuevan el franquismo es vista por algunos como un paso necesario hacia la reconciliación y la justicia, mientras que otros argumentan que podría limitar la libertad de expresión y asociación.
El futuro de esta reforma y su implementación dependerá de la capacidad del Senado para abordar las preocupaciones legales planteadas por los servicios jurídicos, así como de la voluntad política de los diferentes partidos para avanzar en esta cuestión. La tramitación de la ley en el Senado será un proceso a seguir de cerca, ya que podría tener implicaciones significativas para el panorama político y social en España.