La defensa de Cristina Álvarez, asesora de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno español, ha solicitado al juez Juan Carlos Peinado la suspensión del careo programado para el 14 de mayo con Alfredo González, quien tramitó su nombramiento en 2018. La razón de esta solicitud es que Álvarez tiene un viaje programado a Estados Unidos entre el 10 y el 17 de mayo, lo que le impide asistir a la cita judicial. En el escrito presentado, el abogado de Álvarez pide que se fije una nueva fecha para el careo, argumentando que su cliente no podrá estar presente en la fecha estipulada.
La defensa también ha solicitado al juez que aclare las contradicciones que han llevado a la necesidad de este careo, dado que, según su análisis, no han encontrado discordancias significativas entre las declaraciones de Álvarez y González. En su declaración, González, quien fue testigo en el caso, afirmó no conocer a Álvarez ni recordar si había visto su currículum. Aseguró que su función se limitaba a remitir propuestas de nombramiento al órgano competente, sin involucrarse en el proceso de selección.
El juez mostró sorpresa ante la afirmación de González, señalando que en la Administración Pública se suelen seguir procesos rigurosos para nombrar a personal eventual. Sin embargo, González defendió que, en su experiencia, era habitual que se realizaran nombramientos sin un conocimiento previo de los candidatos, especialmente en un periodo de cambio de Gobierno.
La situación se complica aún más con la reciente declaración del actual ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, quien también fue citado como testigo. Este ministro afirmó que la designación de Álvarez se realizó conforme a la ley de contratación de personal eventual y se desligó de su nombramiento. Por su parte, Álvarez ha declarado que fue contactada por Gómez para trabajar como su asesora, tanto en asuntos oficiales como privados.
El juez ha abierto una nueva línea de investigación sobre la contratación de Álvarez, que podría estar relacionada con un posible delito de malversación de fondos públicos. Esto se debe a que su nombre aparece en correos electrónicos relacionados con gestiones para Gómez con la Universidad Complutense de Madrid. Además, la investigación abarca otros presuntos delitos, como tráfico de influencias y apropiación indebida.
La defensa de Álvarez sostiene que no hay contradicciones en las declaraciones de los testigos, lo que podría debilitar la necesidad de un careo. La ley establece que este procedimiento es pertinente cuando hay discordancias en las declaraciones de testigos o procesados. Sin embargo, la defensa argumenta que, tras revisar las declaraciones, no han encontrado tales discordancias, lo que podría llevar a cuestionar la validez del careo solicitado.
La situación en torno al caso ha generado un gran interés mediático y ha puesto de relieve las complejidades del proceso judicial en el que se encuentra involucrada la asesora de la esposa del presidente. La defensa espera que el juez considere su solicitud y fije una nueva fecha para el careo, permitiendo así que Álvarez pueda cumplir con su compromiso en Estados Unidos sin afectar el desarrollo del caso.
Este caso no solo involucra a figuras políticas de alto perfil, sino que también plantea preguntas sobre la transparencia y los procedimientos en la contratación de personal en la administración pública. A medida que avanza la investigación, se espera que surjan más detalles que puedan arrojar luz sobre las prácticas de nombramiento y la gestión de recursos públicos en el entorno gubernamental.