La trama de hidrocarburos que involucra a Víctor de Aldama ha desatado una serie de conflictos internos que están salpicando a varias empresas y personas clave en el sector. La investigación, que se centra en un presunto fraude de IVA que podría superar los 360 millones de euros, ha puesto en el punto de mira a Villafuel, la principal empresa implicada, y a su administradora única, María Luisa Rivas. Rivas ha decidido tomar acciones legales contra varias sociedades que, según la Fiscalía Anticorrupción, habrían sido utilizadas como intermediarias para llevar a cabo el fraude.
Uno de los casos más destacados es el de Iván Castañer, administrador de Skyward Tech S.L., quien ha sido objeto de una querella presentada por Rivas. Esta acción legal se basa en el impago de 62.000 euros y falsedad documental. Castañer, quien se presentó ante el juez Santiago Pedraz como investigado, ha relatado su experiencia en la trama, donde fue contactado por un individuo que lo introdujo en el mundo de las operaciones fraudulentas. Según su testimonio, fue llevado a un notario y se le abrió una cuenta bancaria, donde recibió instrucciones para realizar transferencias de dinero, lo que pone de manifiesto la complejidad y el alcance de la red de corrupción.
### La Querella de María Luisa Rivas
La querella presentada por Rivas no solo se centra en Castañer, sino que también apunta a Santiago Cirera, propietario de Skyward Tech. La documentación presentada por Villafuel revela que esta sociedad fue constituida con un capital social mínimo de 3.000 euros y carecía de la solvencia necesaria para operar en el sector. A pesar de esto, Skyward Tech comenzó a acumular deudas significativas con Villafuel, lo que llevó a Rivas a sospechar de la verdadera naturaleza de las operaciones realizadas por esta empresa.
La querella ha sido admitida a trámite por el Juzgado de Instrucción número 17 de Barcelona, donde se están llevando a cabo las investigaciones pertinentes. La UCO (Unidad Central Operativa) de la Guardia Civil ya había iniciado una operación contra la trama de fraude de IVA en octubre, que resultó en la detención de varios empresarios, incluido Aldama. La situación se complica aún más con la revelación de que Skyward Tech no contaba con instalaciones adecuadas ni con la capacidad para realizar las operaciones que se le atribuían, lo que sugiere que podría haber estado operando como una fachada para actividades ilícitas.
### Implicaciones Legales y Financieras
Las implicaciones legales de esta trama son significativas. La querella de Rivas no solo busca recuperar el dinero adeudado, sino que también pone en tela de juicio la legitimidad de las operaciones realizadas por Skyward Tech y otras empresas implicadas. La falta de solvencia y la supuesta falsificación de documentos tributarios son elementos que podrían llevar a sanciones severas para los responsables.
Además, la investigación ha revelado que la dirección de Skyward Tech estaba vinculada a una oficina sin actividad real, lo que plantea serias dudas sobre la transparencia y la legalidad de sus operaciones. La Agencia Tributaria ha corroborado estas irregularidades, lo que podría resultar en un endurecimiento de las penas para aquellos involucrados en la trama.
La situación se complica aún más con la aparición de nuevos testimonios y pruebas que podrían cambiar el rumbo de la investigación. La Fiscalía Anticorrupción está trabajando arduamente para desentrañar la red de corrupción y asegurar que los responsables enfrenten las consecuencias de sus acciones. La presión sobre los implicados aumenta, y la posibilidad de que surjan más querellas y acusaciones es alta, lo que podría llevar a un efecto dominó en el sector de hidrocarburos.
En resumen, la trama de hidrocarburos que involucra a Víctor de Aldama y sus socios está lejos de resolverse. Las querellas, las investigaciones y las revelaciones continúan surgiendo, lo que sugiere que este caso podría tener repercusiones significativas en el ámbito político y empresarial. La lucha contra la corrupción en España sigue siendo un tema candente, y este caso es solo un ejemplo más de los desafíos que enfrenta el sistema judicial en su intento por erradicar prácticas ilegales en el sector empresarial.