La situación de los menores migrantes no acompañados en España ha alcanzado un punto crítico, lo que ha llevado a las comunidades autónomas a convocar una reunión con el Ministerio de Juventud e Infancia. Este encuentro, programado para el lunes a las 15:00 hora canaria, tiene como objetivo debatir y aprobar los términos de un mecanismo de reubicación que busca aliviar la presión sobre las islas Canarias, donde se concentra un número significativo de estos jóvenes. La Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia, que se había previsto para la semana anterior, fue suspendida debido a un apagón que afectó a todo el país.
La propuesta que se discutirá incluye la reubicación de aproximadamente 4,400 menores durante el primer año, comenzando en verano. Este plan se enmarca dentro de un real decreto ley aprobado hace 48 días por el Gobierno central, que ha sido convalidado por el Congreso de los Diputados. La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, presidirá la reunión, mientras que el ministro canario Ángel Víctor Torres no podrá asistir debido a una reciente intervención quirúrgica.
Uno de los puntos más relevantes de la propuesta es que establece un sistema de redistribución basado en la población de cada comunidad autónoma, lo que se denomina su «capacidad ordinaria». Sin embargo, la implementación de este modelo no ha estado exenta de dificultades. Comunidades como Madrid y Aragón han mostrado resistencia al decreto, incluso llevando su oposición ante el Tribunal Constitucional. La falta de colaboración por parte de estas regiones en proporcionar datos sobre el número de menores que acogen ha complicado aún más la situación, obligando al Gobierno a trabajar con cifras propias.
El real decreto también contempla que, en caso de que no se logre un acuerdo unánime entre las comunidades, el Gobierno podrá seguir adelante con el mecanismo de redistribución tal como fue aprobado. Esto significa que la negativa de algunas comunidades no debería obstaculizar el alivio necesario para el Archipiélago canario, que enfrenta una carga desproporcionada de menores migrantes.
### Criterios de Distribución y Proceso de Reubicación
El mecanismo de reubicación propuesto incluye criterios específicos para determinar cuántos menores debe acoger cada comunidad. Estos criterios se basan en varios factores, entre los que se encuentran la población (50%), la renta per cápita (13%), la tasa de desempleo (15%), el esfuerzo de acogida (6%), el dimensionamiento del sistema (10%), la dispersión de la población (2%) y las singularidades de las ciudades fronterizas (2%) e insulares (2%). Este enfoque busca asegurar que la carga de acoger a los menores se distribuya de manera equitativa entre las diferentes regiones del país.
Además, se establece que cualquier comunidad podrá solicitar al Gobierno que declare una situación de contingencia migratoria si su ocupación supera tres veces su capacidad ordinaria. Una vez declarada esta situación, cualquier menor extranjero no acompañado que sea localizado en esa comunidad será registrado en el Registro de Menores Extranjeros No Acompañados del Ministerio del Interior. Posteriormente, se procederá a su traslado a otra región en un plazo de 15 días, asegurando que tanto el menor como la comunidad de destino sean escuchados en el proceso.
Este enfoque integral no solo busca aliviar la presión sobre las comunidades más afectadas, sino que también pretende garantizar que los derechos de los menores sean respetados durante todo el proceso de reubicación. La propuesta incluye un último punto que establece que la capacidad ordinaria del sistema de protección solo podrá prorrogarse durante un año, lo que implica que el Gobierno deberá reevaluar la situación periódicamente y ajustar las medidas según sea necesario.
La reunión del lunes representa un paso crucial en la gestión de la crisis de menores migrantes en España. A medida que las comunidades autónomas se preparan para debatir y potencialmente aprobar este mecanismo, la atención se centra en cómo se desarrollará el diálogo y si se logrará un consenso que permita avanzar en la reubicación de estos jóvenes vulnerables. La situación actual exige una respuesta coordinada y efectiva que no solo aborde la crisis inmediata, sino que también establezca un marco sostenible para el futuro.