La reciente propuesta del Ministerio de Trabajo para reducir la jornada laboral a 37,5 horas ha generado un intenso debate en el ámbito político español. La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha defendido esta medida como un paso crucial hacia la mejora de las condiciones laborales en el país. Sin embargo, la respuesta del partido Junts, liderado por Carles Puigdemont, ha sido contundente: han anunciado su intención de vetar el proyecto de ley, lo que ha llevado al Ministerio a adoptar una postura de cautela y apertura a la negociación.
La propuesta de reducción de jornada es considerada la medida estrella de Yolanda Díaz, quien ha trabajado en colaboración con los sindicatos CCOO y UGT para su formulación. A pesar de la presión política, el Ministerio de Trabajo se mantiene firme en su intención de llevar la propuesta al Congreso para su debate y votación. La situación se complica con el anuncio de Junts, que ha calificado la reducción de jornada como un «acto de propaganda» y ha criticado la falta de voluntad negociadora por parte del departamento de Díaz.
### La Estrategia de Junts y la Respuesta del Ministerio de Trabajo
La portavoz parlamentaria de Junts, Míriam Nogueras, ha expresado su descontento con la falta de diálogo por parte del Ministerio de Trabajo, afirmando que se han encontrado con «la puerta cerrada» para discutir posibles modificaciones a la propuesta. Esta crítica resalta la tensión existente entre Junts y el Gobierno, especialmente en un momento en que las negociaciones son cruciales para asegurar el apoyo necesario en el Congreso.
Desde el Ministerio, se argumenta que el verdadero inicio de las negociaciones se producirá una vez que el proyecto de ley llegue al Congreso. A pesar de las conversaciones informales entre Díaz y Puigdemont en meses anteriores, se espera que el debate parlamentario sea el escenario donde se puedan plantear modificaciones y buscar consensos. Esta dinámica es vista como una oportunidad para que ambas partes encuentren un terreno común, aunque el tiempo apremia.
El veto anunciado por Junts, que tomará la forma de una enmienda a la totalidad, representa un primer obstáculo significativo para la propuesta de reducción de jornada. En caso de que esta enmienda sea aprobada, el proyecto podría ser devuelto al Gobierno o sustituido por un texto alternativo, lo que complicaría aún más la situación. La necesidad de contar con el apoyo del Partido Popular (PP) se convierte en un factor determinante, dado que este partido ha manifestado su oposición a la medida por no contar con el respaldo de la patronal.
### La Posición de Sumar y el Contexto Empresarial
A pesar de las críticas de Junts, desde Sumar se ha intentado minimizar el impacto de estas acusaciones. El ministro de Cultura y portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, ha defendido que las negociaciones con Junts están «vivas» y que el Ministerio está dispuesto a explorar opciones que puedan facilitar el apoyo a la propuesta. Sin embargo, la realidad es que el contexto empresarial también juega un papel crucial en esta discusión.
Junts ha alineado sus intereses con las principales patronales catalanas, Foment del Treball y PIMEC, que representan a la mayoría de las pequeñas y medianas empresas. La crítica de Junts a la reducción de jornada se centra en que consideran que esta medida podría ser perjudicial para los autónomos y las pymes catalanas. En este sentido, el partido de Puigdemont ha planteado exigencias que deben ser consideradas si se busca su apoyo.
Yolanda Díaz ha manifestado su intención de mantener el texto acordado con los sindicatos, pero también ha indicado que está abierta a incluir aspectos que puedan atraer a Junts y a los empresarios catalanes. Durante la mesa de diálogo social, el Ministerio había ofrecido un paquete de ayudas para facilitar la adaptación de las pymes a la nueva normativa, aunque esta oferta fue retirada tras la decisión de la patronal de abandonar las negociaciones. La posibilidad de reintroducir estas ayudas en el debate parlamentario podría ser un punto clave para lograr un acuerdo.
La situación actual refleja un complejo entramado de intereses políticos y económicos que influirán en el futuro de la reducción de la jornada laboral en España. La capacidad del Ministerio de Trabajo para navegar estas aguas turbulentas y encontrar un consenso será determinante para el éxito de esta medida, que busca no solo mejorar la calidad de vida de los trabajadores, sino también adaptarse a las realidades del tejido empresarial del país.