La trama de fraude de IVA en la compra-venta de hidrocarburos ha tomado un giro inesperado con las últimas revelaciones que involucran a Víctor de Aldama, un comisionista conocido en el caso Koldo. La investigación, liderada por el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, ha puesto de manifiesto una serie de irregularidades que podrían elevar el monto del fraude a cifras alarmantes. Inicialmente, se estimó que el fraude alcanzaba los 185,5 millones de euros, pero los investigadores ahora sugieren que podría superar los 360 millones. Esta cifra incluye 49,2 millones presuntamente defraudados por la empresa Have Got Time, que adquirió una propiedad en La Alcaidesa, Cádiz, utilizada por el exministro de Transportes, José Luis Ábalos, así como otros 136 millones en delitos fiscales descubiertos en 2021.
Las cuentas de Villafuel, la principal empresa implicada en esta trama, han sido objeto de atención especial. Documentos recientes indican que las órdenes de bloqueo de las cuentas llegaron cuando algunas ya habían sido canceladas o vaciadas. Unicaja Banco, por ejemplo, informó que una de las cuentas vinculadas a la trama tenía un saldo de 182.646 euros a fecha del 10 de abril. Sin embargo, Caixa Bank notificó que una de las cuentas había sido cancelada y otra vaciada antes de que se ordenara el bloqueo por parte del juez Pedraz. Bankinter también confirmó que otra cuenta de Villafuel había sido cancelada seis meses antes de la operación de la Guardia Civil que resultó en la detención de varios implicados.
La situación se complica aún más con la reciente decisión del juez de mantener el bloqueo de casi 300 cuentas relacionadas con la trama de hidrocarburos. Entre los investigados se encuentran Víctor de Aldama y su socio Claudio Rivas. Además, se ha prohibido la disposición de 43 vehículos, seis de los cuales están a nombre de Rivas, y se ha embargado alrededor de 70 inmuebles en diversas localidades, incluyendo Albacete, Cáceres, Málaga, Madrid y Cádiz. También se ha incluido una estación de servicio en Huesca en esta lista de activos embargados.
### Vehículos de Lujo y su Valoración
Uno de los aspectos más llamativos de esta investigación es la mención de vehículos de lujo incautados, que han sido valorados en más de 600.000 euros. La Oficina de Recuperación y Gestión de Bienes (ORGA), dependiente del Ministerio de Justicia, ha sugerido que se tomen decisiones sobre más de una decena de vehículos, que incluyen un Jaguar E-pace, siete modelos de Land Rover, un Audi A8, un Ferrari F12, un Mini Clubman y un Toyota Rav4. La ORGA ha indicado que la mejor opción para evitar la depreciación de estos vehículos es su venta anticipada, aunque esto requeriría una resolución judicial.
Además, se ha mencionado un Audi A8 blindado, propiedad de De Aldama, que fue devuelto por el juez en su momento, y se ha determinado que no se requiere ninguna acción adicional respecto a este vehículo. La situación de los vehículos y otros activos incautados refleja la magnitud de la operación y la complejidad de la trama que se está investigando.
### La Estructura de la Organización Criminal
Las investigaciones de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil han revelado que la organización criminal detrás de este fraude ha operado de manera sofisticada. Se ha descubierto que Villafuel S.L. logró obtener la autorización de operador mayorista en el mercado de hidrocarburos, lo que les permitió operar a través de una red de empresas suministradoras instrumentales. Esta estructura les permitió simular la transmisión de hidrocarburos a sociedades interpuestas, mientras que en realidad los productos se enviaban directamente a los clientes finales. Este método les permitió eludir el ingreso de las cuotas de IVA correspondientes, lo que constituye un delito grave contra la Hacienda Pública.
La magnitud de esta operación y la implicación de figuras relevantes en el ámbito empresarial y político han generado un gran interés mediático y público. La investigación sigue en curso, y se espera que surjan más detalles a medida que avancen las diligencias judiciales. La trama de fraude de IVA en hidrocarburos no solo pone de manifiesto las vulnerabilidades en el sistema fiscal, sino que también plantea interrogantes sobre la regulación y supervisión de las actividades empresariales en este sector crítico.