La reciente solicitud del Ministerio Fiscal para archivar la causa abierta contra David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, ha generado un intenso debate en el ámbito político y judicial. La acusación se centraba en la supuesta contratación irregular de David Sánchez en la Diputación de Badajoz, un caso que ha sido objeto de atención mediática y pública. La fiscalía argumenta que las pruebas presentadas por la jueza instructora son meras conjeturas y carecen de fundamento sólido.
La fiscalía ha presentado un recurso de apelación en el que sostiene que no existen motivos suficientes para llevar a juicio a David Sánchez y a otros diez procesados, entre ellos Miguel Ángel Gallardo, presidente de la Diputación y secretario general del PSOE en Extremadura. En su escrito, la fiscalía critica las conclusiones de la jueza Beatriz Biedma, afirmando que se basan en hipótesis sin respaldo fáctico. Según la fiscalía, la creación del puesto de Coordinador de las Actividades de los Conservatorios no fue un acto de favoritismo, sino una decisión legítima de las autoridades locales, justificada por el interés público.
### Argumentos de la Fiscalía
La fiscalía ha expuesto varios argumentos que respaldan su solicitud de archivo. En primer lugar, cuestiona la interpretación de las declaraciones de los directores de los conservatorios, quienes, aunque uno de ellos expresó que la creación del puesto no era necesaria desde una perspectiva académica, también reconoció su utilidad desde un punto de vista cultural. La fiscalía sostiene que otros testigos corroboraron que la creación de la plaza era razonable y que David Sánchez desempeñó efectivamente las funciones inherentes a su puesto de trabajo.
Además, la fiscalía argumenta que el procedimiento de selección para el puesto fue llevado a cabo de acuerdo con la normativa vigente, recabando los informes técnicos necesarios. En este sentido, se destaca que las decisiones administrativas deben ser respetadas, siempre que se ajusten a las facultades reconocidas por la ley. La fiscalía también se refiere a las declaraciones de una aspirante al puesto, quien afirmó que no le realizaron preguntas durante el proceso de selección. Sin embargo, la fiscalía considera que esto no puede interpretarse como un indicio de irregularidad.
Otro punto importante en la argumentación de la fiscalía es la relación entre David Sánchez y Luis Carrero, un ex asesor de Moncloa que fue contratado posteriormente en la Oficina de Artes Escénicas. La fiscalía sostiene que la amistad entre ambos no es suficiente para concluir que hubo intervención ilícita en la contratación de Carrero. A pesar de que existían correos electrónicos que sugerían la contratación de Carrero antes de que se publicara la plaza, la fiscalía considera que esto no implica necesariamente un acto ilegal.
### Críticas a la Jueza Instructora
En su recurso, la fiscalía no solo defiende la inocencia de los procesados, sino que también critica la actuación de la jueza instructora. Se argumenta que las conclusiones alcanzadas por la magistrada son contradictorias y carecen de coherencia. La fiscalía señala que la hipótesis incriminatoria asumida por la jueza incurre en notables contradicciones internas, lo que pone en duda la validez de su razonamiento.
La fiscalía también cuestiona la posibilidad de que Miguel Ángel Gallardo, presidente de la Diputación, estuviera dispuesto a delinquir en favor de David Sánchez, dado que no le brindó apoyo político y, de hecho, se posicionó en contra de él. Este aspecto es crucial, ya que sugiere que no existía un interés personal que motivara acciones ilegales en este contexto.
En cuanto al cambio de puesto de David Sánchez en 2022, la fiscalía argumenta que este no le proporcionó beneficios económicos, sino que, por el contrario, aumentó su carga de trabajo. La creación de la Oficina de Artes Escénicas no supuso un incremento de recursos materiales, sino que fue una reestructuración administrativa que buscaba mejorar la gestión cultural.
La fiscalía concluye su argumentación solicitando el sobreseimiento libre de las actuaciones, lo que implicaría el archivo definitivo de la causa. Este caso ha puesto de manifiesto la complejidad de las relaciones políticas y administrativas en España, así como la importancia de la interpretación de las pruebas en el ámbito judicial. La decisión final sobre el archivo de la causa dependerá de la evaluación de la Audiencia, que deberá considerar los argumentos presentados por la fiscalía y las evidencias recopiladas durante la instrucción del caso.