La situación política en Perú se ha vuelto cada vez más tensa con la reciente denuncia presentada por la Fiscalía contra la presidenta provisional, Dina Boluarte. Esta denuncia, que se suma a otras dos en un corto período de tiempo, ha generado un gran revuelo en el ámbito político y social del país. La mandataria, que asumió el cargo tras la destitución de Pedro Castillo, enfrenta acusaciones de enriquecimiento ilícito y omisión de información en sus declaraciones juradas, lo que ha puesto en entredicho su gestión y su futuro político.
La Fiscalía ha señalado que Boluarte no solo ha omitido declarar joyas y bienes de gran valor, como dos relojes Rolex, sino que también ha sido acusada por el uso excesivo de la fuerza durante las protestas que siguieron a la caída de Castillo. Este contexto de inestabilidad ha llevado a la presidenta a buscar apoyo en el Congreso, donde su popularidad se encuentra por debajo del 5%, según las encuestas más recientes. La situación se complica aún más con la inminente visita de Boluarte al Vaticano para la entronización del papa León XIV, un evento que podría ser visto como un intento de legitimar su gobierno ante la comunidad internacional.
**Denuncias y Reacciones**
La denuncia presentada por la Fiscalía no es un hecho aislado, sino que se enmarca en un contexto de creciente desconfianza hacia las autoridades peruanas. La represión de las manifestaciones, que resultó en la muerte de al menos 50 personas y cientos de heridos, ha sido objeto de críticas tanto a nivel nacional como internacional. Organizaciones como Amnistía Internacional y la Corte Interamericana de Derechos Humanos han condenado la actuación de las fuerzas del orden, lo que ha llevado a los familiares de las víctimas a solicitar la intervención del papa para buscar justicia.
Los familiares han expresado su dolor y frustración ante la indiferencia del Estado, pidiendo al Santo Padre que interceda en su favor. Este llamado a la acción resalta la desesperación de aquellos que han sufrido las consecuencias de la violencia estatal y la falta de respuesta adecuada por parte del gobierno. La situación es aún más crítica dado que el gobierno ha impuesto multas a organizaciones de derechos humanos que intentan defender a las víctimas, lo que ha generado un clima de miedo y represión.
**La Fragilidad del Gobierno de Boluarte**
Desde su llegada al poder, la gestión de Dina Boluarte ha estado marcada por la inestabilidad y la necesidad de supervivencia política. A pesar de haber sido parte del partido de izquierda Perú Libre, ha optado por acercarse a la derecha para mantener su posición en el Palacio Pizarro. Esta estrategia ha generado críticas y desconfianza entre sus antiguos aliados, quienes ven en su cambio de postura una falta de principios.
La Constitución peruana establece que un presidente solo puede ser acusado por traición a la patria o por impedir elecciones, lo que ha limitado las opciones de acción en su contra. Sin embargo, la presión sobre Boluarte es palpable, ya que el Tribunal Constitucional tiene la última palabra sobre las denuncias en su contra. La falta de apoyo parlamentario y la historia reciente de destituciones de presidentes en Perú añaden un nivel de incertidumbre a su mandato.
Boluarte ha intentado negociar con figuras políticas influyentes, como Keiko Fujimori, líder de Fuerza Popular, quien ha sido objeto de controversias por su propio historial de corrupción. Esta alianza ha sido vista como un intento desesperado por parte de la presidenta para consolidar su poder, aunque también ha suscitado críticas por la falta de ética en sus decisiones políticas. La elección de un primer ministro con vínculos a la corrupción ha alimentado aún más la percepción de un gobierno débil y comprometido.
La historia reciente de Perú está llena de presidentes que han enfrentado graves acusaciones y que, en muchos casos, han terminado en prisión o en situaciones de crisis extrema. La fragilidad del gobierno de Boluarte se refleja en su incapacidad para establecer un liderazgo sólido y en su dependencia de negociaciones políticas que pueden no ser sostenibles a largo plazo. La situación actual plantea serias preguntas sobre el futuro de la democracia en Perú y el papel que jugarán las instituciones en la resolución de esta crisis.