En un nuevo capítulo de la compleja relación entre el independentismo catalán y el sistema judicial español, varias entidades han decidido llevar su lucha a instancias superiores. La Asamblea Nacional Catalana (ANC), Òmnium Cultural e Irdia han presentado un recurso ante el Tribunal Supremo en contra de la amnistía otorgada a 46 policías implicados en las acciones del referéndum del 1 de octubre de 2017. Este movimiento se produce tras la decisión de la Audiencia de Barcelona, que respaldó la aplicación de la amnistía a estos agentes, quienes fueron investigados por las cargas policiales durante el referéndum ilegal.
Las entidades independentistas argumentan que la resolución de la Audiencia de Barcelona es errónea y que se ha producido una «infracción de ley». En su recurso, sostienen que el tribunal ha interpretado de manera restrictiva el concepto de «nivel mínimo de gravedad», un criterio esencial establecido por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos para identificar actos que pueden constituir tortura o tratos degradantes. Irdia, que actúa como acusación particular en representación de varias víctimas, subraya que el auto del juez instructor ya indicaba que las conductas de los policías eran «objetivamente idóneas para humillar o degradar a la persona», lo que es fundamental en el derecho internacional de los derechos humanos.
La amnistía fue aplicada por el juez Francisco Miralles en julio de 2024, quien argumentó que las actuaciones de los policías fueron de corta duración y enmarcadas en un objetivo policial definido, que no se prolongó más allá de la maniobra de entrada y salida de los colegios electorales. Esta decisión fue ratificada por la Audiencia de Barcelona en febrero de 2025, que concluyó que las lesiones infligidas a los ciudadanos no fueron graves y que la intención de los agentes no era castigar, sino evitar la celebración del referéndum, aunque reconoció que la fuerza utilizada fue excesiva en algunos casos.
El tribunal también destacó que las acciones de los policías no superaban el umbral de gravedad que la ley de amnistía establece para excluir una causa de su aplicación. Este argumento ha sido objeto de críticas por parte de las entidades independentistas, que consideran que la interpretación del tribunal es insuficiente y que se debe tener en cuenta el contexto de las acciones policiales durante el referéndum.
### Contexto del Referéndum del 1-O
El referéndum del 1 de octubre de 2017 fue un evento clave en la historia reciente de Cataluña, marcando un punto de inflexión en la lucha por la independencia de la región. A pesar de la prohibición del gobierno español, millones de catalanes acudieron a las urnas, lo que llevó a una fuerte respuesta por parte de las fuerzas de seguridad. Las imágenes de las cargas policiales se volvieron virales, generando una ola de indignación tanto a nivel nacional como internacional.
Desde entonces, el debate sobre la legalidad de las acciones policiales y la respuesta del Estado ha sido un tema candente. Las entidades independentistas han argumentado que las cargas fueron desproporcionadas y que constituyeron una violación de los derechos humanos. Por otro lado, el gobierno español ha defendido la actuación de las fuerzas de seguridad como necesaria para mantener el orden público.
La decisión de la Audiencia de Barcelona de aplicar la amnistía a los policías ha reavivado este debate, generando reacciones encontradas en la sociedad catalana. Mientras que algunos ven la amnistía como un paso hacia la reconciliación, otros la consideran una falta de justicia para las víctimas de la violencia policial.
### Implicaciones Legales y Sociales
El recurso presentado ante el Tribunal Supremo no solo tiene implicaciones legales, sino que también refleja las tensiones sociales que persisten en Cataluña. La polarización en torno al tema de la independencia y las acciones del Estado ha creado un ambiente de confrontación que se manifiesta en diversas esferas de la vida pública.
Las entidades independentistas, al recurrir a instancias superiores, buscan no solo justicia para las víctimas de las cargas policiales, sino también reafirmar su posición en el debate sobre la autodeterminación de Cataluña. Este recurso puede ser visto como un intento de mantener viva la llama del movimiento independentista, en un momento en que algunos sectores parecen haber moderado su discurso.
Por otro lado, la respuesta del Tribunal Supremo será crucial. Una decisión que revoque la amnistía podría intensificar aún más las tensiones, mientras que una ratificación podría ser interpretada como un respaldo a la interpretación de la Audiencia de Barcelona. En cualquier caso, el desenlace de este proceso judicial será observado de cerca, no solo en Cataluña, sino en toda España, dado que las repercusiones pueden influir en el futuro del diálogo entre el independentismo y el Estado español.