El caso de la exconsellera de Justicia e Interior, Salomé Pradas, ha cobrado relevancia en los últimos días debido a su implicación en la investigación sobre la devastadora dana que causó la muerte de 228 personas el 29 de octubre. En este contexto, la defensa de Pradas ha presentado un vídeo del Ayuntamiento de Paiporta que, según ellos, podría cambiar el rumbo de la causa. Este material audiovisual se ha convertido en un elemento clave para argumentar la responsabilidad de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) en la gestión de la emergencia.
El vídeo, recuperado de la cuenta de Instagram del Ayuntamiento, muestra un aviso urgente emitido a las 18:42 horas, justo antes de que el barranco del Poyo se desbordara a las 18:30. El mensaje advertía a la población sobre la situación crítica: «Aviso urgente, barranco desbordado, puentes cortados. No salgan de sus casas». La defensa de Pradas sostiene que este aviso llegó demasiado tarde para que se pudieran tomar medidas efectivas de prevención. La hora de desbordamiento, fijada por los investigadores en las 18:30, se convierte en un punto central del debate sobre la responsabilidad de las autoridades en la gestión de la emergencia.
La defensa argumenta que el correo enviado por la CHJ a las 18:43, informando sobre el aumento del caudal, no fue comunicado de manera adecuada al Cecopi, el centro encargado de coordinar la respuesta a emergencias. Este aspecto es crucial, ya que la falta de comunicación efectiva podría haber contribuido a la magnitud de la tragedia. Según el letrado de Pradas, Eduardo de Urbano, el aviso de la CHJ no se transmitió de forma expresa a las autoridades competentes, lo que podría haber limitado la capacidad de respuesta ante la emergencia.
La magistrada encargada del caso ha señalado que, además del correo de la CHJ, se debe considerar la información proporcionada por el Servicio Automático de Información Hidrológica (SAIH). Desde las 18:00 hasta las 19:00, el SAIH emitió once alertas sobre incrementos progresivos del caudal, lo que indica que había información disponible sobre la situación crítica. Sin embargo, la defensa argumenta que, a pesar de esta información, la burocracia y el caos en la gestión de emergencias del 29 de octubre impidieron que se tomaran las medidas necesarias a tiempo.
La situación se complica aún más al considerar que, aunque la CHJ envió varios correos electrónicos entre las 16:13 y las 18:43, la información no fue adecuadamente canalizada hacia el Cecopi. Un técnico de emergencias que testificará en junio confirmó que recibió la información del SAIH, pero no se comunicó al Cecopi, lo que plantea serias dudas sobre la eficacia de la coordinación entre las distintas agencias involucradas en la gestión de la emergencia.
La defensa de Pradas ha enfatizado que el mensaje oficial del Ayuntamiento llegó en un momento crítico, donde la población ya estaba en peligro. Este argumento se apoya en la premisa de que, si la información hubiera sido comunicada de manera más eficiente, se podrían haber evitado muchas de las tragedias que se produjeron esa noche fatídica. La falta de comunicación y la burocracia son temas recurrentes en situaciones de emergencia, y este caso no es la excepción.
Por otro lado, la CHJ ha defendido su actuación, argumentando que la información fue proporcionada en tiempo y forma. Sin embargo, la defensa de Pradas sostiene que la gestión de la emergencia fue deficiente y que la responsabilidad debe ser evaluada en función de la capacidad de respuesta de las autoridades. Este debate sobre la responsabilidad de las instituciones en situaciones de crisis es fundamental, ya que puede sentar un precedente para futuras emergencias.
La situación de Salomé Pradas es un reflejo de la complejidad de la gestión de emergencias en situaciones de crisis. La falta de comunicación efectiva y la burocracia pueden tener consecuencias devastadoras, como se ha evidenciado en este caso. La defensa de Pradas continúa trabajando para demostrar que la responsabilidad de la tragedia no recae únicamente en su cliente, sino que es un problema sistémico que involucra a múltiples actores.
A medida que avanza la investigación, se espera que se presenten más pruebas y testimonios que puedan arrojar luz sobre la gestión de la emergencia del 29 de octubre. La defensa de Pradas ha dejado claro que no se detendrán hasta que se haga justicia y se evalúe adecuadamente la responsabilidad de todas las partes involucradas. La situación sigue siendo tensa y el interés público en el caso no ha disminuido, lo que sugiere que este tema seguirá siendo objeto de debate en los próximos meses.