En un contexto donde la corrupción sigue siendo un tema candente en la política española, la coalición Sumar, a través de Más Madrid, ha presentado una iniciativa legislativa que busca establecer medidas más estrictas para evitar que empresas implicadas en tramas corruptas puedan acceder a contratos públicos y subvenciones. Esta propuesta se enmarca en el caso Santos Cerdán, que ha puesto de manifiesto la necesidad de reformar el sistema actual para garantizar una mayor transparencia y responsabilidad en la gestión de recursos públicos.
**Modificaciones Propuestas en el Código Penal**
La propuesta legislativa incluye la modificación del artículo 33.7 del Código Penal, permitiendo a los jueces instructores imponer inhabilitaciones cautelares a empresas que se encuentren bajo investigación por corrupción. Esto significaría que, desde el inicio de una causa penal, las empresas podrían ser inhabilitadas temporalmente para contratar con la administración pública o recibir subvenciones. Esta medida busca prevenir que recursos públicos terminen en manos de entidades que están bajo sospecha de prácticas delictivas.
Además, se plantean cambios en varios artículos de la Ley de Contratos del Sector Público, con el objetivo de incluir explícitamente esta inhabilitación temporal como una causa de prohibición de contratar. La intención es reforzar los mecanismos del Estado para asegurar que las empresas que han estado involucradas en actividades corruptas no puedan beneficiarse de fondos públicos mientras sus procesos judiciales están en curso.
La portavoz de Más Madrid, Tesh Sidi, ha argumentado que, al igual que existe la figura de la prisión provisional para delincuentes, también debe existir una inhabilitación temporal para empresas que se encuentren en situaciones similares. Esta propuesta se presenta como una herramienta necesaria para combatir la corrupción de manera efectiva, enfocándose no solo en los corruptos, sino también en aquellos que facilitan estas prácticas.
**El Enfoque en los Corruptores**
Durante una rueda de prensa en el Congreso, Sidi enfatizó la importancia de centrar la atención en los “corruptores”, es decir, aquellos que ofrecen sobornos a cambio de contratos. Ha señalado que muchas empresas han operado con impunidad durante años, citando casos notorios como el de Gürtel y los ‘papeles de Bárcenas’. En este sentido, ha mencionado a la empresa Acciona, que ha sido vinculada a la trama Koldo, como un ejemplo de la necesidad de una regulación más estricta.
La propuesta legislativa también contempla que la prohibición de contratar pueda ser revisada en cualquier momento, siempre que la entidad afectada cumpla con ciertas condiciones, como el pago de multas y el cumplimiento de sanciones. Esto añade un nivel de flexibilidad al proceso, permitiendo que las empresas puedan recuperar su capacidad de contratación si demuestran un compromiso con la legalidad.
La iniciativa ha sido bien recibida por algunos sectores de la política, pero también ha enfrentado críticas. Algunos opositores argumentan que estas medidas podrían ser vistas como un ataque a la libre competencia y que podrían afectar negativamente a empresas que, aunque estén bajo investigación, no han sido condenadas. Sin embargo, los defensores de la propuesta sostienen que la urgencia de combatir la corrupción justifica la implementación de estas medidas cautelares.
En el contexto actual, donde la desconfianza hacia las instituciones es alta, la propuesta de Más Madrid se presenta como un intento de restaurar la fe pública en la administración y en el uso de los recursos del Estado. La lucha contra la corrupción es un tema que resuena en la sociedad española, y esta iniciativa podría ser un paso significativo hacia la creación de un marco más transparente y responsable en la gestión pública.
La propuesta se encuentra en un momento crítico, ya que la corrupción ha sido un tema recurrente en la agenda política, y la presión para actuar es cada vez mayor. La coalición Sumar espera que esta iniciativa no solo sea aprobada, sino que también sirva como un modelo para futuras reformas en la legislación relacionada con la corrupción y la gestión de contratos públicos. La implementación de estas medidas podría marcar un antes y un después en la forma en que se gestionan los recursos públicos en España, sentando un precedente para una mayor responsabilidad y transparencia en el sector público.