La reciente controversia en torno a José Luis Ábalos, exministro de Transportes, ha cobrado relevancia tras la presentación de un contrainforme ante el Tribunal Supremo. Este documento, que critica la investigación de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, sostiene que se está llevando a cabo una indagación «prospectiva» y una «causa general» en su contra, al intentar rastrear su patrimonio durante más de tres décadas. En este contexto, Ábalos ha calificado el informe de la UCO como «tendencioso» y ha presentado una serie de observaciones que desglosan sus bienes y actividades.
En su defensa, Ábalos se centra en varios puntos clave que considera erróneos o malinterpretados por la UCO. Uno de los aspectos más destacados es la clasificación de la Fundación Internacional de Apoyo al Desarrollo Local y Social (Fiadelso), de la que fue presidente. Según su argumentación, la UCO cometió un error al calificarla como una sociedad, ya que se trata de una fundación sin ánimo de lucro. Ábalos explica que los fundadores realizaron aportaciones a fondo perdido y que no hay posibilidad de negociar participaciones en este tipo de entidades. La defensa del exministro sostiene que la inclusión de Fiadelso en el análisis de su patrimonio es un intento de proyectar una imagen negativa sobre su reputación.
Otro punto que Ábalos aborda es su relación con la fundación y su actividad en Perú. El exministro aclara que un terreno en Chimbote, donde se construyó un centro social, fue donado a la fundación y que esta desarrolló diversas actividades culturales y sanitarias. Sin embargo, tras el cese de la fundación, el inmueble quedó en desuso y fue ocupado ilegalmente, lo que llevó a Ábalos a tomar acciones legales.
En cuanto a su patrimonio en Colombia, Ábalos critica la UCO por no verificar la información sobre una parcela en Tuluá. La UCO había afirmado que existía una casa en construcción en el terreno, pero Ábalos sostiene que solo compró el terreno y lo vendió en el mismo estado, sin ninguna edificación. Este tipo de errores, según su defensa, refuerzan la idea de que la UCO actúa con un sesgo de culpabilidad.
La defensa de Ábalos también se extiende a otros bienes inmuebles, como una vivienda en Valencia y un local comercial adquirido en 2003. En su argumentación, detalla que la propiedad en Valencia fue liquidada en 1992 tras su divorcio y que el local fue adquirido junto a amigos, no como socios. Además, menciona un piso en Madrid que fue comprado por su exesposa y que ha sido objeto de confusión en el informe de la UCO.
Ábalos también se refiere a las cuentas bancarias vinculadas al PSOE, donde solo reconoce una cuenta personal durante su tiempo como dirigente. En su defensa, aclara que las demás cuentas mencionadas en el informe no tienen relación directa con él. Asimismo, aborda su situación de alquiler en Rivas Vaciamadrid, donde vivió con su pareja y que dejó en julio de 2024, aportando el contrato correspondiente.
En resumen, el contrainforme de Ábalos ante el Tribunal Supremo es un intento de desmantelar las acusaciones que se han hecho sobre su patrimonio y su vinculación con la UCO. A través de una defensa detallada y documentada, busca demostrar que las investigaciones han sido mal dirigidas y que los errores cometidos por la UCO son significativos. La situación de Ábalos pone de relieve la complejidad de las investigaciones sobre patrimonio y la necesidad de un análisis riguroso y objetivo en estos casos.