La reciente desconvocatoria de la huelga indefinida por parte de los sindicatos de profesores en Asturias marca un hito importante en la lucha por mejoras laborales en el sector educativo. Tras nueve días de paros y una manifestación masiva en Oviedo, los docentes han alcanzado un preacuerdo con el Gobierno del Principado, liderado por Adrián Barbón. Este acuerdo, aunque celebrado por algunos, ha generado críticas entre los propios educadores, quienes consideran que las medidas son insuficientes para abordar las verdaderas necesidades del sistema educativo.
**Detalles del Preacuerdo**
El preacuerdo alcanzado entre los sindicatos Anpe, UGT, CCOO, Suatea y Csif incluye varias medidas significativas. En primer lugar, se establece un aumento salarial de 140 euros al mes para todos los profesores, mientras que aquellos con menos de seis años de antigüedad recibirán un complemento adicional de 70 euros. Además, se contempla la incorporación de 300 nuevos especialistas en pedagogía terapéutica y audición y lenguaje, así como 30 administrativos para reducir la carga burocrática que enfrentan los docentes.
Otro aspecto relevante del acuerdo es la mejora de las ratios de alumnos por aula, que se fijará en un máximo de 23. Esta medida busca garantizar una atención más personalizada y efectiva a los estudiantes, especialmente aquellos con necesidades educativas especiales, quienes contarán con un apoyo adicional en el cálculo de ratios. Sin embargo, algunos docentes han expresado su descontento, argumentando que el acuerdo no aborda de manera adecuada la precariedad laboral y la falta de recursos en el sistema educativo.
**Reacciones de los Docentes**
A pesar de los avances logrados, la reacción de algunos docentes ha sido de desilusión. Un profesor, que prefirió permanecer en el anonimato, comentó: «Los sindicatos nos han vendido; esto no es lo que necesitamos». Esta opinión refleja un sentimiento generalizado entre los educadores, quienes consideran que el preacuerdo es solo un paso mínimo y no responde a las demandas más urgentes del colectivo. Csif, uno de los sindicatos firmantes, también ha reconocido que el acuerdo es insuficiente y no proporciona las garantías necesarias para fortalecer el sistema educativo público.
La presión ejercida por los docentes ha sido evidente en las últimas semanas. La huelga, que comenzó el 27 de mayo, se extendió a diversas etapas educativas, incluyendo la educación infantil y la concertada. La situación se tornó crítica cuando 85 directores de colegios públicos presentaron su dimisión en protesta por el estancamiento de las negociaciones. La consejera de Educación, Lydia Espina, también dimitió, alegando que la situación había alcanzado límites insostenibles.
**Medidas para Reducir la Burocracia**
Uno de los puntos más críticos en la negociación ha sido la excesiva burocracia que ha traído consigo la aplicación de la Ley Cela. Para abordar esta problemática, el acuerdo incluye la contratación de 30 administrativos que se encargarán de aliviar la carga administrativa de los centros educativos. Además, se implementarán mejoras en las aplicaciones digitales utilizadas para el control de asistencia y la gestión de sanciones, con el objetivo de simplificar los procesos y reducir el tiempo que los docentes dedican a tareas administrativas.
El Principado también se ha comprometido a revisar las «situaciones de aprendizaje» introducidas por la Lomloe, buscando modelos más efectivos utilizados en otras comunidades autónomas. Este enfoque podría facilitar la creación de un marco más adecuado para la enseñanza y el aprendizaje, adaptándose a las necesidades específicas de los estudiantes asturianos.
**Compromisos Adicionales**
El acuerdo no solo se limita a aspectos salariales y de ratios, sino que también incluye compromisos para mejorar la atención a la diversidad en las aulas. La incorporación de especialistas en pedagogía terapéutica y audición y lenguaje es un paso hacia una educación más inclusiva, que busca atender las necesidades de todos los estudiantes, independientemente de sus circunstancias.
Además, se ha acordado instar al Gobierno estatal a la creación de la especialidad de lengua asturiana y gallego-asturiano, lo que podría enriquecer la oferta educativa en la región. También se prevé la agilización de la cobertura de sustituciones, un aspecto que ha generado frustración entre los docentes, quienes han enfrentado largos períodos sin cobertura ante bajas laborales.
La vicepresidenta del Principado, Gimena Llamedo, y el consejero de Hacienda, Guillermo Peláez, han defendido el acuerdo como un paso hacia una mayor equidad y apoyo a la diversidad en el sistema educativo. Sin embargo, la verdadera efectividad de estas medidas dependerá de su implementación y de la capacidad del Gobierno para escuchar y atender las necesidades de los docentes en el futuro.