El reciente informe de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) ha puesto de manifiesto la situación financiera de las comunidades autónomas de España al cierre del año 2024. Este análisis revela un panorama diverso en cuanto a la salud económica de las distintas regiones, destacando tanto los déficits como los superávits presupuestarios. En este contexto, es fundamental entender cómo se ha llegado a esta situación y qué implicaciones tiene para el futuro económico del país.
**Desglose del Saldo Presupuestario por Comunidades**
El informe de Fedea señala que las comunidades autónomas de Cataluña, Comunidad de Madrid, Euskadi, Comunidad Valenciana y Murcia fueron las que cerraron el año con un saldo presupuestario negativo. En concreto, los déficits fueron de -1,9% para la Comunidad Valenciana, -1,1% para Murcia, -0,6% para el País Vasco, -0,4% para Cataluña y -0,2% para Madrid. Este resultado es preocupante, ya que indica que estas regiones están gastando más de lo que ingresan, lo que puede llevar a un aumento de la deuda pública y a una mayor presión sobre los servicios públicos.
Por otro lado, Extremadura se destacó como la comunidad con el mayor remanente, alcanzando un superávit del 1,6% del PIB. Este resultado es un indicativo de una gestión fiscal más prudente y eficiente, lo que permite a la región tener un margen de maniobra para futuras inversiones y mejoras en los servicios públicos. Otras comunidades que también lograron superávits fueron Navarra (1%), Canarias y Asturias (0,9%), Cantabria (0,8%), Andalucía (0,7%), Baleares y Aragón (0,3%), y Galicia (0,2%). En el caso de Castilla-La Mancha, el saldo fue del 0%, mientras que Castilla y León y La Rioja se mantuvieron en equilibrio.
**Ajustes y Consideraciones en el Informe**
El informe de Fedea no solo se limita a presentar los saldos presupuestarios, sino que también realiza ajustes significativos para ofrecer una visión más clara de la situación económica. Uno de los ajustes más relevantes es el traslado de las liquidaciones del sistema de financiación autonómica a su año natural. Este ajuste se elevó al 0,1% en 2023 y al 0,7% en 2024, lo que significa que las cifras presentadas reflejan una realidad más precisa de las finanzas autonómicas.
Además, se ha descontado el efecto del ciclo económico sobre las cuentas públicas. En este sentido, se ha observado que todas las comunidades autónomas se encontraban en una fase expansiva del ciclo económico, lo que generó superávits públicos del 0,1% del PIB en 2023 y del 0,2% en 2024. Sin embargo, estos superávits cíclicos incrementan los valores negativos de los saldos estructurales, lo que indica que, a pesar de un crecimiento económico, algunas regiones siguen enfrentando problemas estructurales en sus finanzas.
Fedea también destaca que el saldo presupuestario debe ser minorado en el importe de las operaciones no recurrentes, lo que implica que los resultados presentados pueden estar influidos por ingresos o gastos que no se repetirán en el futuro. Esta consideración es crucial para entender la sostenibilidad de los saldos positivos en algunas comunidades.
La heterogeneidad entre las comunidades autónomas es otro aspecto que resalta el informe. Se estima que el desequilibrio estructural alcanzaría cotas de alrededor del -2% del PIB en 22 comunidades autónomas, incluyendo la Comunidad Valenciana, Cataluña y la Región de Murcia. Solo en dos regiones, Canarias y Navarra, se encuentra un saldo estructural positivo, lo que pone de manifiesto la disparidad en la gestión fiscal y económica entre las diferentes autonomías.
Este análisis exhaustivo de la situación financiera de las comunidades autónomas es fundamental para entender los retos que enfrenta España en términos de cohesión territorial y desarrollo económico. La capacidad de cada región para gestionar sus recursos de manera eficiente no solo afecta a su bienestar económico, sino que también tiene repercusiones en la calidad de vida de sus ciudadanos y en la estabilidad del conjunto del país. A medida que se avanza hacia el futuro, será esencial que las comunidades autónomas implementen políticas que fomenten la sostenibilidad fiscal y que aborden las desigualdades existentes para garantizar un crecimiento equilibrado y justo para todos.