La reciente catástrofe provocada por la DANA (Depresión Aislada en Niveles Altos) ha dejado una huella profunda en la Comunidad Valenciana, generando no solo daños materiales, sino también un intenso conflicto político entre el Gobierno de España y la Generalitat Valenciana. Este enfrentamiento ha escalado en los últimos meses, convirtiéndose en una guerra de cifras que refleja la lucha por el control del relato sobre la gestión de la crisis y la posterior reconstrucción de las áreas afectadas.
### La batalla por el relato
Desde el primer momento en que la DANA azotó la región, la narrativa sobre la respuesta y la gestión de la emergencia ha sido un punto de discordia. Por un lado, el presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ha denunciado que su administración está asumiendo la mayor parte de los costos de la reconstrucción, argumentando que el Gobierno central no ha contribuido con los fondos necesarios. Según Mazón, su gobierno se ve obligado a recurrir a la deuda para financiar las obras de recuperación, lo que ha generado un clima de frustración entre los ciudadanos afectados.
En contraste, la ministra de Política Territorial, Diana Morant, ha defendido la posición del Gobierno, afirmando que el 90% de los fondos destinados a la recuperación provienen del Ejecutivo central. Morant ha subrayado que el Gobierno ha destinado 7.400 millones de euros para las zonas afectadas, lo que, según ella, demuestra un compromiso claro con la recuperación de la Comunidad Valenciana. Esta discrepancia en las cifras ha llevado a una creciente desconfianza entre ambas administraciones, complicando aún más la situación para los ciudadanos que esperan ayuda.
### La guerra de cifras
El enfrentamiento entre el Gobierno y la Generalitat no se limita a la narrativa, sino que se ha materializado en una guerra de cifras que pone de manifiesto la falta de coordinación entre ambas partes. Mientras que el Gobierno sostiene que ha invertido 1.745 millones de euros para financiar el 100% de las obras de reconstrucción de infraestructuras municipales, desde la Generalitat se cuestiona la veracidad de estas afirmaciones. Se argumenta que el Gobierno está contabilizando como inversiones los fondos que en realidad corresponden a otras entidades, como el Consorcio de Compensación de Seguros.
Además, la Generalitat ha expresado su preocupación por la lentitud en la transferencia de fondos europeos, que se prometieron para ayudar a las comunidades afectadas. La consejera de Hacienda, Ruth Merino, ha criticado al Gobierno por su falta de celeridad en la distribución de estos recursos, lo que ha llevado a que muchas familias aún no hayan recibido la ayuda necesaria para reparar los daños en sus viviendas y enseres. Según datos oficiales, solo el 10% de los solicitantes ha recibido las ayudas directas, lo que refleja una situación crítica para miles de familias que aún esperan respuestas.
El presidente Mazón ha enfatizado que, a pesar de la falta de apoyo financiero del Gobierno central, la Generalitat está avanzando en la recuperación a un ritmo notable. Sin embargo, este avance se está realizando a expensas de un aumento en la deuda pública, lo que plantea interrogantes sobre la sostenibilidad de esta estrategia a largo plazo. La Generalitat ha incluido en sus presupuestos para 2025 una partida de 2.364 millones de euros destinada a la reconstrucción, pero la falta de un aporte adicional del Gobierno de Pedro Sánchez sigue siendo un tema de debate.
La situación se complica aún más con la propuesta de un Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) extraordinario, que la Generalitat ha solicitado desde diciembre. Este mecanismo de financiación es crucial para que la administración valenciana pueda hacer frente a los pagos a proveedores y garantizar la continuidad de los servicios públicos. Sin embargo, la falta de respuesta del Gobierno ha generado un clima de incertidumbre que afecta tanto a la administración como a los ciudadanos.
### La falta de coordinación
Uno de los aspectos más preocupantes de esta situación es la evidente falta de coordinación entre el Gobierno y la Generalitat. La ausencia de un canal de comunicación efectivo ha llevado a que las decisiones se tomen de manera aislada, lo que ha dificultado la implementación de un plan de recuperación coherente y eficaz. Esta falta de colaboración no solo afecta la gestión de la crisis actual, sino que también puede tener repercusiones a largo plazo en la capacidad de la Comunidad Valenciana para recuperarse de este desastre natural.
Mientras tanto, los ciudadanos continúan esperando respuestas y soluciones a sus problemas. La incertidumbre sobre el futuro y la falta de apoyo financiero han generado un clima de descontento que podría tener consecuencias políticas en las próximas elecciones. La gestión de la DANA y la posterior reconstrucción se han convertido en un tema central en el debate político, y es probable que este conflicto entre el Gobierno y la Generalitat siga siendo un punto de fricción en el futuro cercano.