La reciente declaración de la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha desatado una ola de críticas por parte del Partido Popular (PP). En un acto del PSOE en Jaén, Montero se refirió a la sentencia que absolvió al exjugador del FC Barcelona, Dani Alves, de un delito de agresión sexual, calificándola de «vergüenza». Además, sus comentarios sobre la educación universitaria privada han generado un intenso debate sobre la legitimidad de las instituciones educativas en España.
La reacción del PP no se ha hecho esperar. Borja Sémper, portavoz nacional del partido, ha expresado su «estupor» ante las palabras de Montero, argumentando que su ofensiva contra los jueces y la universidad privada es inaceptable. Según Sémper, la ministra debería haber dimitido hace tiempo, considerando que sus declaraciones son incompatibles con una visión democrática del Estado de derecho. En su intervención, Sémper también cuestionó la credibilidad de Montero al insinuar que su propio jefe, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, podría estar implicado en la compra de títulos universitarios, dado que él también ha cursado estudios en instituciones privadas.
El portavoz del PP ha enfatizado que el Gobierno está en una «deriva» que no cesará, y ha advertido a los ciudadanos que continuarán los ataques a diversas instituciones y sectores de la sociedad. La crítica a la sentencia de Alves ha sido un punto focal en esta controversia, ya que Sémper ha defendido la presunción de inocencia y ha subrayado la importancia de respetar las decisiones judiciales.
Por su parte, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, también ha manifestado su desacuerdo con Montero, afirmando que no está en condiciones de ocupar un puesto de relevancia en el Gobierno. Feijóo ha señalado que es vergonzoso que las asociaciones de jueces tengan que recordarle a una vicepresidenta la importancia de respetar las sentencias judiciales. Esta situación ha puesto de manifiesto las tensiones entre el Gobierno y el poder judicial, así como la polarización política en el país.
Las declaraciones de Montero han sido interpretadas por algunos como un intento de deslegitimar a los jueces y a la educación privada, lo que ha llevado a una defensa apasionada de estos sectores por parte de los opositores. El PP ha exigido que Montero se disculpe públicamente por sus comentarios, argumentando que sus palabras insultan a miles de estudiantes y sus familias, así como a los profesionales del sistema judicial.
La controversia también ha puesto de relieve la creciente tensión entre el Gobierno y la oposición en un contexto político ya de por sí complicado. La falta de consenso en temas tan sensibles como la educación y la justicia refleja un clima de desconfianza y polarización que podría tener repercusiones en futuras decisiones políticas y en la percepción pública del Gobierno.
En este contexto, la figura de María Jesús Montero se ha convertido en un blanco de críticas no solo por sus declaraciones, sino también por su papel en el Gobierno. La presión sobre ella para que dimita o se disculpe podría intensificarse en los próximos días, a medida que el PP y otros partidos de la oposición continúen atacando su gestión y sus comentarios. La situación actual plantea interrogantes sobre la estabilidad del Gobierno y su capacidad para manejar la creciente oposición y las críticas que enfrenta.
La controversia en torno a Montero es un reflejo de las tensiones más amplias en la política española, donde las divisiones ideológicas y las luchas de poder están a la orden del día. La respuesta del Gobierno a estas críticas y la forma en que maneje la situación podría ser crucial para su futuro y su relación con los ciudadanos y las instituciones del país.