La situación laboral en las embajadas puede parecer, a primera vista, un entorno seguro y estable. Sin embargo, la reciente condena de la Embajada del Congo en Madrid ha puesto de manifiesto una serie de irregularidades que han afectado a sus empleados. La historia de dos trabajadores que han sido víctimas de impagos y despidos irregulares es un claro ejemplo de cómo la burocracia y la falta de responsabilidad pueden llevar a situaciones insostenibles.
### La historia de los trabajadores afectados
Los dos empleados de la Embajada del Congo en Madrid, un hombre y una mujer, comenzaron a trabajar en la sede diplomática en 2009 y 2012, respectivamente. A pesar de su larga trayectoria, no fue hasta 2014 que fueron dados de alta en la Seguridad Social, lo que significa que trabajaron durante años en condiciones irregulares. Esta situación fue denunciada por su abogada, Irene López Castejón, quien ha estado al frente del caso desde el principio.
La llegada de una nueva embajadora en 2018 marcó un punto de inflexión en la vida laboral de estos empleados. La embajadora decidió que solo se cotizara la mitad de lo que correspondía a la Seguridad Social, lo que dejó a los trabajadores con una jornada reducida ante la administración, pero no en la práctica. Esto significaba que, a pesar de que oficialmente se les consideraba empleados a tiempo parcial, su carga de trabajo seguía siendo la de un empleado a tiempo completo. Esta decisión fue justificada por la embajadora como una medida para compensar los gastos de la embajada en las cotizaciones.
La situación se agravó aún más en 2022, cuando la embajadora actual, Genevive Victorine Lukusa, tomó la decisión de dejar de pagar la Seguridad Social de los trabajadores, argumentando que, dado que España no paga la Seguridad Social en el Congo, la embajada tampoco lo haría. Para entonces, la deuda acumulada con la Seguridad Social ascendía a unos 60.000 euros. Esta decisión fue tomada sin consultar a los empleados y sin tener en cuenta las implicaciones legales que podría acarrear.
### La respuesta judicial y la resistencia de la embajada
El caso llegó a los tribunales, donde el Juzgado de lo Social número 14 de Madrid dictó una sentencia condenatoria contra la embajada. El tribunal determinó que los despidos de los trabajadores eran improcedentes, ya que no se justificaron adecuadamente y no provenían de una orden emitida desde el Congo. La embajada fue condenada a indemnizar a los trabajadores con 27.000 y 36.000 euros, además de otros 17.000 y 18.000 euros por salarios no pagados.
A pesar de la sentencia, la embajada ha mostrado una actitud de resistencia ante el fallo judicial. Durante los meses posteriores a la condena, no ha cumplido con la obligación de pagar las indemnizaciones, lo que ha llevado a la abogada de los ex trabajadores a solicitar la ejecución de la sentencia. La embajada ha intentado argumentar que no dispone de una cuenta de gastos de gestión desde la que realizar los pagos, a pesar de que la cuenta desde la que abona los sueldos a sus empleados es precisamente la de gastos de gestión.
La falta de respuesta por parte de la embajada y del Ministerio de Asuntos Exteriores de España ha generado un clima de incertidumbre y frustración entre los afectados. La situación pone de relieve no solo la vulnerabilidad de los trabajadores en el ámbito diplomático, sino también la necesidad de una mayor supervisión y regulación en el funcionamiento de las embajadas.
### Implicaciones y reflexiones sobre la diplomacia laboral
Este caso no es un hecho aislado. A lo largo de los años, han surgido diversas denuncias sobre condiciones laborales precarias en embajadas y consulados de diferentes países. La falta de regulación y supervisión en estos entornos puede llevar a abusos que afectan a los derechos de los trabajadores. En este sentido, es fundamental que se establezcan mecanismos de control que garanticen el cumplimiento de las normativas laborales, independientemente de la naturaleza diplomática de la institución.
La historia de la Embajada del Congo en Madrid es un recordatorio de que, a pesar de la imagen de estabilidad y prestigio que suelen tener las embajadas, la realidad puede ser muy diferente. Los trabajadores merecen condiciones laborales justas y dignas, y es responsabilidad de las instituciones garantizar que se respeten sus derechos. La falta de acción por parte de las autoridades competentes en este caso es preocupante y debe ser objeto de análisis y reflexión.
La situación también plantea interrogantes sobre la responsabilidad de los gobiernos en el trato a sus empleados en el extranjero. La diplomacia no solo se trata de relaciones entre naciones, sino también de cómo se gestionan las relaciones laborales en el ámbito internacional. Es esencial que los gobiernos asuman su responsabilidad y se aseguren de que sus representaciones en el extranjero actúan de acuerdo con las leyes y normativas laborales del país anfitrión.
En resumen, el caso de la Embajada del Congo en Madrid es un claro ejemplo de las dificultades que pueden enfrentar los trabajadores en entornos diplomáticos. La falta de pago de salarios y la irregularidad en las cotizaciones a la Seguridad Social son problemas que deben ser abordados con urgencia. La justicia debe prevalecer, y los derechos de los trabajadores deben ser defendidos, independientemente de su lugar de trabajo. La historia de estos dos empleados es un llamado a la acción para que se tomen medidas que protejan a todos los trabajadores, sin importar su nacionalidad o el contexto en el que se encuentren.