El barranco del Poyo, ubicado en la localidad de Chiva, se ha convertido en el epicentro de una crisis tras la reciente dana que afectó a la Comunidad Valenciana. Durante este evento meteorológico, el teléfono de Emergencias 112 recibió un total de 145 llamadas alertando sobre problemas relacionados con el aumento del caudal del barranco. Este fenómeno se intensificó a partir de las 16 horas del 29 de octubre, justo antes de que se convocara el Cecopi, el Centro de Coordinación Operativa Integrado, que es fundamental para la gestión de emergencias en la región.
La Generalitat Valenciana había decretado la alerta hidrológica en el barranco del Poyo desde las 12:15 horas, lo que indica que la situación se estaba deteriorando desde la mañana. Sin embargo, un informe de la Federación Estatal de Trabajadoras de las Administraciones Públicas de la Confederación General del Trabajo (Fetap-CGT) ha revelado que hubo 357 fallos e incumplimientos del Plan Especial de Inundaciones (PEI) por parte de las autoridades autonómicas. Este informe se ha presentado como parte de la investigación judicial sobre la dana que dejó 228 víctimas mortales en la Comunidad Valenciana.
Uno de los puntos más críticos del informe es que la consejera de Emergencias, Salomé Pradas, y el secretario autonómico de Seguridad y Emergencias, Emilio Argüeso, solo estaban en contacto con los ayuntamientos de su partido político hasta las 15 horas. Esto plantea serias dudas sobre la imparcialidad y la eficacia de la respuesta de emergencia. A las 19:30 horas del 29 de octubre, la Generalitat aún no había dado instrucciones directas a los municipios de la provincia de Valencia, lo que indica una falta de coordinación y liderazgo en un momento crítico.
La investigación también ha señalado que el director del Plan de Emergencias, Emilio Argüeso, llegó tarde al Centro de Coordinación de Emergencias de l’Eliana, lo que retrasó la convocatoria del Cecopi hasta las 17:00 horas, más de una hora y media después de lo que se consideraba necesario. Este retraso ha sido considerado un factor que contribuyó a la desorganización y a la incapacidad de respuesta ante la emergencia.
Además, el informe critica la inexactitud de los seis avisos meteorológicos emitidos por Emergencias, que minimizaban las precipitaciones y no proporcionaban instrucciones claras sobre el seguimiento de los cauces. A pesar de que se emitieron avisos para las cuencas del río Magro, el Xúquer y el barranco del Poyo, las instrucciones eran genéricas y no se activaron los planes de actuación municipal (PAM) o territorial (PTM) necesarios para gestionar la situación.
### Fallos en la Coordinación y Respuesta
La falta de dirección y planificación ha sido otro de los puntos destacados en el informe. El sindicato Fetap-CGT ha señalado que, a pesar de que 129 municipios en la provincia de Valencia estaban en riesgo de inundación, solo se constituyeron dos Cecopal (Centro de Coordinación Operativa Local): Valencia y Algemesí. Esto representa 127 infracciones, ya que el director del plan tiene la autoridad para requerir la constitución de estos centros.
Los datos del Plan Especial de Inundaciones (PEI) indican que los municipios con riesgo alto o medio deben tener un PAM y, de no ser así, el director del Plan debería haberlo requerido. Sin embargo, la falta de seguimiento de los puntos fijos de pluviometría y de los cauces ha sido alarmante. Se registraron 41 carreteras cortadas o con incidencias, destacando la A-3 a su paso por Chiva, pero no se realizó un seguimiento adecuado de la situación.
El informe también menciona que las llamadas al 112 relacionadas con el barranco del Poyo hasta las 18:00 horas representan 145 infracciones, aunque se estima que el número real es mucho mayor. Este contexto de desinformación y falta de acción oportuna ha llevado a una crítica generalizada sobre la gestión de la emergencia por parte de las autoridades.
### La Necesidad de Mejoras en la Gestión de Emergencias
La situación en el barranco del Poyo ha puesto de manifiesto la necesidad urgente de revisar y mejorar los protocolos de gestión de emergencias en la Comunidad Valenciana. La falta de coordinación entre las diferentes autoridades y la ineficacia en la comunicación de riesgos han sido factores determinantes en la magnitud de la crisis. La población afectada merece una respuesta más efectiva y rápida ante situaciones de emergencia, y es fundamental que se tomen medidas para evitar que incidentes similares se repitan en el futuro.
La investigación en curso y los informes presentados por los sindicatos son pasos importantes hacia la rendición de cuentas y la mejora de los sistemas de emergencia. La comunidad espera que se implementen cambios significativos que garanticen la seguridad de sus ciudadanos y que se establezcan protocolos claros y eficaces para la gestión de emergencias en el futuro.