La reciente reunión del Cecopi, celebrada el 30 de octubre, ha dejado al descubierto una serie de irregularidades y falta de acción por parte de los altos cargos de la Generalitat Valenciana durante una crisis que resultó en múltiples fallecimientos. La consellera de Justicia e Interior, Salomé Pradas, y el exsecretario autonómico de Emergencias, Emilio Argüeso, han sido objeto de investigaciones tras las declaraciones de la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, quien fue escuchada como testigo en este caso. La jueza Nuria Ruiz Torraba ha emitido un auto que refuerza la idea de que la responsabilidad de la gestión de la emergencia recae en la administración autonómica, desestimando las solicitudes de imputación de Bernabé.
La jueza ha señalado que la inacción de la Generalitat fue evidente, especialmente en un día crítico como el 29 de octubre, cuando se produjeron la mayoría de los fallecimientos. A pesar de las comunicaciones entre los altos cargos, no se tomaron decisiones efectivas para proteger a la población. Ruiz ha enfatizado que la falta de respuesta adecuada se dio en el ámbito autonómico, lo que ha llevado a cuestionar la competencia y la eficacia del Cecopi en situaciones de emergencia.
### La Falta de Respuesta en Situaciones Críticas
El análisis de las llamadas realizadas entre Pradas y Argüeso, así como otros altos funcionarios, ha revelado una alarmante falta de acción. La jueza ha indicado que, en el momento en que se lanzó la alerta, ya se habían producido la mayoría de los fallecimientos, lo que pone de manifiesto la ineficacia de la gestión de la emergencia. A pesar de que se realizaron varias comunicaciones entre los altos cargos, estas no se tradujeron en acciones concretas para mitigar la crisis.
La jueza ha criticado la reunión del Cecopi, describiéndola como un lugar donde los presentes parecían estar desconectados de la realidad. Según el auto, los responsables de tomar decisiones estaban ajenos a las alertas del 112, a las previsiones meteorológicas y a la información sobre el estado de los barrancos. Esta desconexión ha sido calificada como una «grave inactividad» que contribuyó a la tragedia.
Ruiz ha subrayado que la falta de información y la ausencia de un liderazgo efectivo en el Cecopi resultaron en una demora en la toma de decisiones cruciales. La situación se tornó crítica, y la falta de respuesta adecuada ha llevado a cuestionar la capacidad de la Generalitat para gestionar emergencias de esta magnitud. La jueza ha dejado claro que la responsabilidad recae en la administración autonómica, y que la falta de acción tuvo consecuencias devastadoras.
### La Responsabilidad de la Generalitat Valenciana
El auto de la jueza también aborda la cuestión de la declaración de emergencia nacional. Ruiz ha rechazado la idea de que existiera una responsabilidad estatal en la falta de declaración de emergencia, afirmando que hubo un consenso entre las autoridades autonómicas y centrales de que no era necesario declarar la situación de emergencia catastrófica. Esta decisión, que recae en el president de la Generalitat, ha sido objeto de críticas, ya que muchos consideran que una declaración de emergencia podría haber facilitado una respuesta más rápida y efectiva.
La jueza ha reiterado que la responsabilidad de la gestión de la emergencia corresponde a la Conselleria de Emergencias, y ha enfatizado que la inacción de la administración autonómica fue un factor determinante en la tragedia. La falta de decisiones adecuadas y la desconexión de los altos cargos con la realidad de la situación han sido señaladas como fallos críticos que deben ser abordados.
La situación en la Generalitat Valenciana plantea serias preguntas sobre la eficacia de la gestión de emergencias y la responsabilidad de los funcionarios públicos. La jueza ha dejado claro que la inacción y la falta de liderazgo en momentos críticos pueden tener consecuencias devastadoras, y que es fundamental que se tomen medidas para garantizar que no se repitan errores similares en el futuro. La crisis actual no solo afecta a las víctimas y sus familias, sino que también pone en tela de juicio la capacidad de la administración para proteger a la población en situaciones de emergencia.