La Comunidad Valenciana se encuentra en una encrucijada financiera sin precedentes, enfrentando una crisis que amenaza con afectar a sus servicios más esenciales. La situación se ha agravado tras la decisión del Ministerio de Hacienda de no activar el Fondo de Liquidez Autonómico (FLA), lo que ha llevado al presidente valenciano, Carlos Mazón, a solicitar un plan de ajuste inmediato. Este artículo explora las causas de esta crisis y sus posibles repercusiones en la comunidad.
**La Falta de Liquidez y sus Consecuencias**
La falta de liquidez en la Generalitat Valenciana ha comenzado a tener efectos palpables. Colegios, farmacias y residencias son las primeras víctimas de los impagos, lo que ha generado una creciente preocupación entre los proveedores y ciudadanos. La Generalitat, que ha estado lidiando con un sistema de financiación autonómico obsoleto, se encuentra ahora en una situación crítica. La deuda acumulada y la falta de recursos han llevado a la administración a un punto de no retorno, donde la posibilidad de cumplir con sus obligaciones financieras se ve comprometida.
El déficit de la Comunidad Valenciana alcanzó un alarmante 1,68% de su PIB en 2024, lo que equivale a aproximadamente 2.495 millones de euros. Esta cifra no incluye los gastos derivados de la reciente dana, lo que indica que la situación podría ser aún más grave. La fecha límite del 7 de julio se ha convertido en un hito crucial, ya que es el momento en que la Generalitat debe ordenar los pagos a proveedores. Sin la activación del FLA, los pagos no podrán realizarse, lo que podría desencadenar una crisis aún mayor en la comunidad.
La Generalitat ha estado esperando la activación del FLA, un mecanismo creado en 2012 para ayudar a las comunidades autónomas a cubrir su déficit. Sin embargo, este año podría ser el primero en el que la Comunidad Valenciana no reciba este apoyo adicional, lo que pone en riesgo su capacidad para gestionar la crisis actual. La falta de respuesta del Gobierno central ha llevado a Mazón a encender la alarma y solicitar a todos los departamentos un plan de recorte de gastos, lo que afectará directamente a los servicios públicos.
**La Reacción del Gobierno Valenciano y las Acusaciones de Asfixia**
La respuesta del Gobierno valenciano ha sido clara: la falta de apoyo del Gobierno central se percibe como un intento deliberado de asfixiar a la Comunidad Valenciana. Mazón ha denunciado en varias ocasiones lo que considera un «acoso permanente» por parte del Ejecutivo de Pedro Sánchez, acusando al Gobierno de querer desestabilizar la administración valenciana en un momento crítico. Esta situación ha llevado a un clima de tensión política, donde cada parte busca culpar a la otra por la crisis financiera.
Desde el Ministerio de Hacienda, se argumenta que la activación del FLA no está prevista en el corto plazo, y que se han optado por otras medidas, como la aprobación de entregas a cuenta que fueron rechazadas anteriormente. Esta decisión ha sido criticada por la Generalitat, que sostiene que la comunidad sigue infrafinanciada y que necesita urgentemente el FLA para poder hacer frente a sus obligaciones. La situación se complica aún más por la presión política, ya que el Gobierno valenciano ha recibido apoyo de la patronal CEV y de sindicatos como UGT y CCOO en su reclamación del FLA.
Por otro lado, el Partido Socialista ha cambiado su discurso, argumentando que la Comunidad Valenciana recibe más recursos que nunca y que el Consell busca excusas para justificar su mala gestión. La ministra y líder de los socialistas valencianos, Diana Morant, ha señalado que la comunidad ha recibido las mayores entregas a cuenta de su historia, lo que contradice las afirmaciones de la Generalitat sobre la falta de financiación.
La pugna política en torno a la crisis financiera de la Comunidad Valenciana refleja una lucha más amplia entre las diferentes administraciones, donde cada parte busca proteger sus intereses y evitar la responsabilidad por la situación actual. Mientras tanto, los ciudadanos y proveedores continúan sufriendo las consecuencias de esta crisis, con la incertidumbre sobre el futuro de los servicios públicos y la estabilidad económica de la región.
La situación en la Comunidad Valenciana es un claro ejemplo de cómo la falta de coordinación y apoyo entre diferentes niveles de gobierno puede llevar a una crisis que afecta a los más vulnerables. A medida que se acerca la fecha límite para la activación del FLA, la presión sobre el Gobierno valenciano y central aumentará, y será crucial observar cómo se desarrollan los acontecimientos en los próximos días.