El Secretario General de la OTAN, Mark Rutte, ha dejado claro su rechazo a la discusión sobre la ampliación de la definición de gasto en defensa, en un contexto donde los aliados buscan cumplir con el objetivo del 2% del PIB establecido para 2024. Este objetivo fue fijado como respuesta a la invasión rusa de Crimea y se ha convertido en un tema central en las reuniones de la alianza. La próxima cumbre de líderes de la OTAN, programada para junio en La Haya, se centrará en establecer un nuevo objetivo de gasto militar.
Rutte, quien también es primer ministro de los Países Bajos, enfatizó que la definición actual de gasto en defensa es clara y no debe diluirse. «No queremos abrir el debate sobre qué se considera gasto en defensa», afirmó en una reciente entrevista en Bruselas, donde se reunieron los ministros de Exteriores de la OTAN para preparar la cumbre. Esta postura se alinea con la necesidad de mantener una definición estricta que abarque únicamente los gastos directamente relacionados con las fuerzas armadas y las operaciones de la Alianza.
La presión por aumentar el gasto en defensa proviene, en gran medida, de Estados Unidos, que ha instado a los aliados europeos a alcanzar un gasto del 5% del PIB. Sin embargo, se prevé que el objetivo final se sitúe entre el 3% y el 3.5%. En este contexto, Rutte ha señalado que muchos países desean incluir en la definición de gasto en defensa aspectos como la lucha contra el terrorismo, pero él considera que no es el momento adecuado para abrir este debate.
La definición actual de gasto en defensa de la OTAN incluye los pagos realizados por los gobiernos nacionales para satisfacer las necesidades de sus fuerzas armadas, así como los gastos en armamento, investigación y desarrollo, y la ayuda a terceros países en el ámbito de la defensa. Sin embargo, esta definición también permite la financiación de servicios civiles, como la policía nacional, siempre que estén entrenados militarmente y participen en tareas de apoyo, lo que excluye las propuestas de España.
La situación actual ha llevado a un aumento del debate público y político sobre la necesidad de incrementar el gasto en defensa tanto en la Unión Europea como en la OTAN. La creciente amenaza de Rusia, especialmente desde la llegada de Vladimir Putin al poder, ha intensificado esta presión. Además, la administración estadounidense, bajo el liderazgo de Donald Trump, ha sido un factor clave en la exigencia de que los aliados europeos aumenten sus inversiones en defensa.
Recientemente, el nuevo Secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, participó en una reunión de la OTAN, donde adoptó un tono más conciliador en comparación con su predecesor. Rubio reconoció que muchos países prefieren invertir en sus redes de seguridad social en lugar de en seguridad nacional, pero subrayó que los eventos recientes, como la guerra en Europa, demuestran que el «poder duro» sigue siendo necesario para la disuasión.
En este sentido, Rubio expresó su deseo de que todos los miembros de la OTAN se comprometan a alcanzar el objetivo del 5% del PIB en gasto militar, enfatizando que las amenazas actuales son serias y requieren una respuesta adecuada. Esta postura refleja la creciente preocupación por la seguridad en Europa y la necesidad de que los aliados se unan para enfrentar los desafíos que plantea la situación geopolítica actual.
En resumen, el debate sobre el gasto militar en la OTAN se encuentra en un punto crítico, con Rutte defendiendo una definición estricta de lo que constituye el gasto en defensa, mientras que otros países, como España, abogan por una ampliación de esta definición para incluir aspectos relacionados con la seguridad nacional más allá de lo militar. A medida que se acerca la cumbre de junio, las decisiones que se tomen podrían tener un impacto significativo en la dirección futura de la política de defensa de la Alianza.
