El Tribunal Supremo de Estados Unidos ha emitido una orden instando al gobierno de Donald Trump a facilitar el retorno de Kilmar Armando Abrego García, un migrante de Maryland que fue deportado por error a El Salvador. Este caso ha suscitado un amplio debate sobre las políticas migratorias de la administración Trump y los derechos de los migrantes en situaciones similares.
Abrego García, de 29 años, fue expulsado el 15 de marzo en uno de los vuelos de deportación enviados a El Salvador, a pesar de que el gobierno reconoció que su expulsión fue un «error administrativo». Desde entonces, ha estado encarcelado en una prisión de alta seguridad en El Salvador, donde el presidente Nayib Bukele ha acordado mantener a los deportados a cambio de una compensación económica.
La jueza federal Paula Xinis había dictaminado previamente que el gobierno debía facilitar el retorno de Abrego García, quien está casado con una ciudadana estadounidense y tiene un hijo que también es ciudadano. Además, posee un permiso de trabajo desde 2019, año en que un juez le otorgó un estatus especial debido a temores de violencia si regresaba a su país natal. A pesar de no tener antecedentes penales en ninguno de los dos países, el gobierno ha intentado justificar su deportación alegando vínculos con la pandilla MS-13, acusaciones que su familia y sus abogados consideran infundadas.
El Tribunal Supremo, en una decisión aparentemente unánime, no ha ordenado explícitamente la devolución de Abrego García, pero ha exigido que se facilite su retorno. La corte ha solicitado a la jueza Xinis que aclare su decisión, teniendo en cuenta la autoridad del ejecutivo para aplicar políticas de inmigración. Este argumento ha sido el único que ha recibido elogios por parte del gobierno, que ha apelado la decisión de la jueza y ha buscado apoyo en el Supremo.
Las juezas progresistas del Tribunal han cuestionado las acusaciones del gobierno, señalando que hasta la fecha no se ha presentado ninguna base legal que justifique la detención y deportación de Abrego García. La jueza Sonia Sotomayor ha expresado su preocupación de que la postura del gobierno podría permitir la deportación y encarcelamiento de cualquier persona, incluidos ciudadanos estadounidenses, sin consecuencias legales, siempre que se realice antes de que un tribunal pueda intervenir.
Este caso se inscribe en un contexto más amplio de la política migratoria de la administración Trump, que ha sido objeto de críticas por su enfoque agresivo y, en ocasiones, por la falta de respeto al debido proceso. Recientemente, el Tribunal Supremo también permitió al gobierno continuar utilizando la Ley de Enemigos Extranjeros para deportar a supuestos miembros de bandas, aunque estableció que los potenciales deportados deben ser notificados y tener la oportunidad de impugnar su deportación ante los tribunales.
La situación de Abrego García pone de relieve las complejidades y las injusticias que pueden surgir en el sistema de inmigración estadounidense, especialmente en un clima político donde las deportaciones se han intensificado. La decisión del Tribunal Supremo podría sentar un precedente importante para futuros casos de deportación errónea y el tratamiento de los migrantes en el país. A medida que el debate sobre la inmigración continúa, la atención se centra en cómo se manejarán casos similares en el futuro y qué medidas se implementarán para proteger los derechos de los migrantes.