El escenario político en España se encuentra en un momento crítico, especialmente en lo que respecta a la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2026. A pesar de que el presidente Pedro Sánchez ha manifestado su intención de presentar el proyecto, las tensiones y exigencias de los diferentes socios del Gobierno complican el panorama. Las negociaciones se han convertido en un juego de ajedrez donde cada movimiento cuenta y donde los acuerdos previos juegan un papel fundamental.
Las exigencias de los socios del Gobierno son variadas y complejas. Por un lado, ERC ha dejado claro que no se puede hablar de nuevos acuerdos mientras no se cumplan los pactos anteriores. La financiación singular para Catalunya es uno de los puntos más críticos en esta negociación. Oriol Junqueras, líder de ERC, ha advertido que no habrá presupuestos ni a nivel estatal ni en Catalunya si no se cumplen los compromisos previos. La situación se complica aún más debido a que el acuerdo en la comisión bilateral solo menciona el principio de ordinalidad, sin incluirlo en la lista de pactos, lo que deja a ERC en una posición de desconfianza hacia el Gobierno.
Por otro lado, Junts, el partido posconvergente, ha sido un actor clave en la inestabilidad de las negociaciones. La formación ha exigido una transferencia de 50.000 millones de euros a las arcas catalanas, argumentando que esta cantidad corresponde a incumplimientos de presupuestos anteriores. Además, Junts ha puesto sobre la mesa la necesidad de avanzar en la oficialidad del catalán en la Unión Europea y en el traspaso de competencias en inmigración, lo que podría requerir una reunión entre Sánchez y Carles Puigdemont. Estas demandas reflejan la complejidad del panorama político y la dificultad de alcanzar un consenso.
EH Bildu, por su parte, se ha mostrado como un socio más confiable en esta legislatura. Aunque han mantenido un perfil bajo en cuanto a disputas públicas, han dejado claro que su apoyo a los presupuestos es crucial. Fuentes del partido han expresado su confianza en que se logren acuerdos para 2026, advirtiendo que la falta de presupuestos podría poner en riesgo la continuidad de Sánchez en la Moncloa. Esta presión añade un nivel adicional de urgencia a las negociaciones.
El PNV también ha manifestado la necesidad de un «acuerdo importante» para revitalizar la legislatura. La portavoz del partido ha recordado que el año pasado se avanzó en las negociaciones y que ese debe ser el punto de partida para las discusiones actuales. Sin embargo, han evitado establecer líneas rojas, lo que podría facilitar un acercamiento en las conversaciones.
Por otro lado, Podemos ha declarado que la legislatura está «finiquitada», pero no se atreve a romper completamente con el Gobierno. A pesar de estar abiertos a negociar, sus condiciones son difíciles de aceptar para el Ejecutivo. Entre sus demandas se encuentran la reducción del gasto en Defensa, lo que contradice los compromisos adquiridos con la OTAN, así como la ruptura de relaciones con Israel y un embargo total de armas. Además, exigen una reducción del 40% en el precio de los alquileres, lo que añade más presión sobre el Gobierno.
En este contexto, el Gobierno se enfrenta a un dilema: negociar los presupuestos bajo la presión de los socios o renunciar a ellos si no hay garantías de apoyo. Las exigencias de los diferentes partidos hacen que la tarea de elaborar los presupuestos sea casi titánica. La situación se complica aún más con la necesidad de contar con el apoyo de formaciones como el BNG y Coalición Canaria, que han expresado su preocupación por el cumplimiento de los pactos en cuanto a inversión territorial. Ambas formaciones han señalado la necesidad de modernizar el sistema ferroviario y vial, lo que debe estar reflejado en las cuentas del próximo año.
La aritmética parlamentaria es ajustada, lo que hace que cada voto cuente. En este sentido, el Gobierno debe ser estratégico y cuidadoso en sus negociaciones, buscando un equilibrio entre las demandas de sus socios y la viabilidad de los presupuestos. La presión es alta y el tiempo corre, lo que añade un sentido de urgencia a las conversaciones. A medida que se acercan las fechas clave, todos los actores involucrados deberán demostrar flexibilidad y disposición para llegar a acuerdos que permitan la aprobación de los presupuestos y, por ende, la estabilidad del Gobierno.