La lucha contra la corrupción y la mejora de la transparencia en la política española son temas que han cobrado gran relevancia en los últimos años. Recientemente, el Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO) del Consejo de Europa ha emitido un informe que destaca la falta de avances en la regulación de asesores políticos y grupos de interés, conocidos comúnmente como ‘lobbies’. Este artículo explora las principales preocupaciones planteadas por el GRECO y las implicaciones para la gobernanza en España.
**La Regulación de Asesores Políticos: Un Compromiso Incompleto**
El GRECO ha señalado que España no ha cumplido con las recomendaciones emitidas en su informe de 2019, que instaban a reforzar el régimen de los asesores políticos. A pesar de que el Gobierno ha presentado un ‘Plan de Acción para la Democracia’ que incluye algunas iniciativas en esta dirección, como la obligación de que los asesores cuenten con formación adecuada y buena reputación, el GRECO considera que estas medidas aún no se han implementado de manera efectiva.
Entre las propuestas que aún no se han materializado se encuentra la equiparación de las exigencias de transparencia e integridad de los asesores con las de los altos cargos ejecutivos. Esto significa que, a pesar de que se han propuesto leyes que obligan a los asesores a hacer públicas sus actividades, salarios y declaraciones de bienes, estas aún no han sido aprobadas por el Consejo de Ministros. La falta de aprobación legislativa impide que se evalúe el cumplimiento de estas recomendaciones, lo que genera un vacío en la regulación de la actividad de los asesores políticos.
El GRECO también ha expresado su preocupación por la falta de avances en la reforma del aforamiento, una figura legal que puede dificultar los procesos judiciales contra miembros del Gobierno acusados de corrupción. Aunque el Gobierno argumenta que el aforamiento no exime de responsabilidad a los investigados, el GRECO señala que no ha habido cambios significativos a nivel estatal que aborden esta cuestión. La ausencia de reformas en este ámbito podría perpetuar la impunidad en casos de corrupción, lo que a su vez socava la confianza pública en las instituciones.
**La Falta de Regulación de los Lobbies: Una Oportunidad Perdida**
Otro aspecto crítico del informe del GRECO es la falta de regulación efectiva de los grupos de interés o lobbies en España. A pesar de que se han realizado esfuerzos para establecer un marco legal que regule estas actividades, el GRECO ha lamentado que estos esfuerzos aún no se han concretado en la práctica. La falta de una obligación de publicar las agendas de los altos cargos que se reúnan con lobistas es una de las principales críticas del informe, que considera que esta omisión representa una «oportunidad perdida» para mejorar la transparencia en la política.
El anteproyecto de ley de transparencia e integridad de las actividades de los grupos de interés, aprobado en enero, aún está en tramitación parlamentaria y no ha sido ratificado. Esto significa que, a pesar de que se han dado pasos hacia la regulación de los lobbies, la falta de un marco legal claro y operativo sigue siendo un obstáculo para la transparencia en las relaciones entre políticos y grupos de interés. El GRECO ha subrayado que la ley se centra principalmente en los lobistas, sin prestar suficiente atención a los altos cargos que pueden ser objeto de influencia, lo que podría dar lugar a conflictos de interés.
Además, el informe destaca que, aunque ha habido avances parciales en la transparencia y el acceso a documentos oficiales desde la entrada en vigor del convenio del Consejo de Europa sobre la materia, persisten problemas como los largos plazos de respuesta y las dificultades para acceder a información pública. Esto plantea interrogantes sobre la efectividad de las medidas adoptadas hasta ahora y su capacidad para garantizar un entorno político más transparente y responsable.
**La Necesidad de una Supervisión Independiente**
El GRECO también ha señalado la importancia de fortalecer la independencia de la Oficina de Conflictos de Interés, que actualmente carece de un presupuesto propio y de la capacidad sancionadora plena. La falta de independencia de esta oficina limita su capacidad para supervisar adecuadamente las actividades de los asesores y los lobbies, lo que podría dar lugar a situaciones de corrupción o conflicto de intereses.
Asimismo, el informe sugiere que las restricciones al empleo para personas que han ocupado cargos políticos, conocidas como ‘puertas giratorias’, deben ser reforzadas. Esto incluye la necesidad de una supervisión más rigurosa y la publicación de datos financieros desglosados que permitan una mayor transparencia en las actividades de los exfuncionarios públicos.
En resumen, el informe del GRECO pone de manifiesto la necesidad urgente de que España avance en la regulación de asesores políticos y lobbies. La falta de cumplimiento de las recomendaciones del GRECO no solo afecta la transparencia y la integridad de la política española, sino que también socava la confianza de los ciudadanos en sus instituciones. La implementación de reformas efectivas en estos ámbitos es esencial para garantizar un sistema político más justo y responsable.