El Gobierno español, liderado por Pedro Sánchez, se enfrenta a un periodo crucial en el último trimestre del año, donde se agolpan importantes decisiones y compromisos legislativos. A medida que se acerca el cierre del año, la presión aumenta para presentar los Presupuestos de 2026, un proceso que ha sido retrasado y que, según las últimas informaciones, podría llevar a una prórroga técnica en enero de 2026. Este artículo explora los principales retos que enfrenta el Ejecutivo en este contexto, incluyendo la financiación autonómica y las reformas judiciales.
La presentación de los Presupuestos es uno de los hitos más esperados de la legislatura. Sin embargo, el Gobierno ha incumplido nuevamente el plazo constitucional para su presentación. A pesar de que el Ministerio de Hacienda está trabajando en la senda fiscal y el techo de gasto, la falta de consenso y apoyo político ha llevado a la administración a considerar una prórroga técnica. Este escenario plantea interrogantes sobre la gobernabilidad y la capacidad del Gobierno para implementar sus políticas en un contexto de creciente presión por parte de las comunidades autónomas.
Uno de los compromisos más relevantes que Sánchez ha asumido es la propuesta de financiación autonómica, que debería haber sido renovada hace más de diez años. La necesidad de reformar este sistema es un tema que ha cobrado fuerza, no solo entre las comunidades gobernadas por el Partido Popular, sino también dentro del propio PSOE. La presión por una reforma es transversal y se ha convertido en un asunto prioritario en la agenda política del país.
### Financiación Autonómica: Un Compromiso Ineludible
La financiación autonómica es un tema que ha generado un amplio debate en el ámbito político. El Gobierno ha estado trabajando en una propuesta que no solo busca atender las necesidades de Catalunya, donde se ha pactado una financiación singular con ERC, sino que también pretende ser extensible a todas las comunidades autónomas. Este enfoque busca garantizar la “suficiencia financiera” para que todas las regiones reciban más recursos, al tiempo que se busca un equilibrio entre el marco bilateral y el multilateral.
El modelo de financiación autonómica que se está elaborando se basa en la idea de compatibilizar la solidaridad con el reconocimiento de las singularidades de cada comunidad. Este enfoque es fundamental para abordar las diferencias que existen entre las distintas regiones y sus necesidades específicas. La propuesta se espera que sea presentada en la próxima Conferencia de Presidentes, que se llevará a cabo en Asturias antes de que finalice el año. Sin embargo, el clima de confrontación política y las diferencias en los criterios de financiación entre las comunidades dificultan la posibilidad de alcanzar un consenso.
El PNV, por su parte, ha dejado claro que la estabilidad del Gobierno está vinculada a la resolución de las competencias pendientes del Estatuto de Gernika. Este segundo paquete de competencias en materia de Seguridad Social es considerado una línea roja por el partido vasco, lo que añade una capa adicional de complejidad a las negociaciones sobre los Presupuestos y la financiación autonómica.
### Reformas Judiciales: Un Proceso Congelado
Además de los retos en materia de financiación, el Gobierno también enfrenta la necesidad de avanzar en las reformas judiciales. El Ministerio de Justicia, bajo la dirección de Félix Bolaños, tiene previsto presentar la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim) en las próximas semanas. Esta reforma es crucial para modernizar el sistema judicial y mejorar la eficiencia de los procesos legales en España.
Sin embargo, la reforma del acceso a la carrera fiscal y judicial, que se había considerado una de las prioridades del Gobierno, ha sido congelada debido a la falta de apoyos. La incertidumbre en torno a esta norma ha llevado a que el Ejecutivo opte por frenar otros proyectos importantes, como la ley de movilidad sostenible, que es uno de los principales objetivos del Ministerio de Transportes. La falta de consenso y el rechazo por parte de algunos partidos, como Podemos, han complicado aún más la situación.
La estrategia del Gobierno parece centrarse en llevar a votación aquellas iniciativas que han acumulado retrasos significativos, en un intento por reactivar la actividad legislativa. La aprobación de los Presupuestos y la reforma judicial son dos de los elementos que determinarán el rumbo del Gobierno en los próximos meses. La presión por parte de las comunidades autónomas y los partidos políticos para alcanzar acuerdos es cada vez más intensa, lo que añade un nivel de urgencia a la situación.
En este contexto, el Gobierno de Pedro Sánchez se enfrenta a un periodo decisivo que podría definir su futuro político. La capacidad para presentar y aprobar los Presupuestos, así como avanzar en las reformas necesarias, será fundamental para mantener la estabilidad y la gobernabilidad en el país. A medida que se acercan las elecciones en varias comunidades, la presión por alcanzar acuerdos y avanzar en la agenda legislativa se intensificará, lo que podría tener un impacto significativo en la política española en el corto y medio plazo.