El pasado 28 de julio, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, se encontró en una situación crítica tras el cierre del curso político. La detención del exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, por presuntos delitos relacionados con el cobro de comisiones a cambio de obras públicas, ha generado una crisis de confianza entre los socios de la coalición, incluyendo a Sumar, que ha manifestado su descontento y ha llegado a declarar la legislatura como «finiquitada». Este clima de tensión ha llevado a la oposición, compuesta por partidos como el PP, Vox, Junts, BNG y UPN, a tumbar el decreto ‘antiapagones’, lo que ha incrementado la presión sobre el Gobierno.
Aitor Esteban, presidente del PNV, ha advertido sobre la formación de una «coalición negativa» en el Congreso, lo que podría complicar aún más la gobernabilidad de Sánchez. Sin embargo, desde La Moncloa se sostiene que no existe una mayoría alternativa viable que pueda desafiar al PSOE, ya que el PP no logra sumar apoyos más allá de Vox. Esta percepción ha llevado a Sánchez a prepararse para un otoño lleno de iniciativas políticas con el objetivo de recuperar la iniciativa y fortalecer su bloque de investidura.
### Medidas Económicas y Presupuestos
Uno de los primeros pasos que se anticipa es la aprobación de la quita de la deuda autonómica, un acuerdo pactado con ERC que beneficiará a varias comunidades autónomas, siendo Andalucía la más favorecida con más de 18.000 millones de euros. Esta medida, aunque controversial, busca aliviar las cargas financieras de las autonomías y podría complicar la posición del PP, que se opone firmemente a esta condonación. A pesar de la resistencia que pueda encontrar, en La Moncloa se confía en que los presidentes autonómicos del PP no rechazarán una medida que también busca acercar posturas con ERC y Junts.
Por otro lado, la elaboración de los Presupuestos para el próximo año se presenta como un desafío monumental. Aunque Sánchez se ha comprometido a presentar el proyecto, sus colaboradores advierten que esto no garantiza que se someterá a votación en el Congreso. Las exigencias de algunos aliados, como Podemos y Junts, son vistas como difíciles de cumplir. Podemos demanda una reducción del 40% en los alquileres y la ruptura de relaciones con Israel, mientras que Junts exige la saldación de una deuda de 50.000 millones en inversiones en Catalunya, cifra que el Gobierno no reconoce.
A pesar de la incertidumbre, el Gobierno se muestra decidido a luchar por la aprobación de los Presupuestos, con un ministro afirmando que «no conviene subestimarnos». Sin embargo, hasta la fecha, no se ha aprobado el primer trámite presupuestario, lo que añade más presión a la situación.
### Respuesta a la Emergencia Climática y Reformas Sociales
El mes de septiembre también traerá consigo un «pacto de Estado» contra la emergencia climática, en respuesta a los devastadores incendios que han afectado a varias comunidades, especialmente en Castilla y León, Galicia y Extremadura. Este pacto, que ha sido criticado por el PP como una «cortina de humo», busca unir a los partidos en torno a la lucha contra el cambio climático. Sin embargo, la ausencia del PP, que gobierna en muchas autonomías, podría restar legitimidad al acuerdo.
Los socios del PSOE han acogido la propuesta con escepticismo, aunque se espera que finalmente den su apoyo para no ser percibidos como parte del bloque del «negacionismo del cambio climático». Además, se prevé que el Consejo de Ministros apruebe una reforma judicial que cambiará la ley de enjuiciamiento criminal, trasladando la instrucción de los procesos penales de los jueces a los fiscales. Esta medida, que ha generado controversia, se produce en un contexto donde el Gobierno enfrenta críticas por el caso de Cerdán y otros escándalos.
Finalmente, el inicio del curso político también traerá una serie de iniciativas sociales, incluyendo la reducción de la jornada laboral, medidas contra la corrupción y la creación de una Agencia Independiente de Integridad Pública. También se discutirá la ley del tabaco, que busca convertir espacios públicos en zonas libres de humo, y un anteproyecto de ley para abolir la prostitución, que penalizaría a los clientes y a los proxenetas. Esta última propuesta, que fue rechazada anteriormente, ha resurgido tras la difusión de audios que revelan actitudes machistas dentro del partido.
Con un panorama político tan complejo y lleno de desafíos, el Gobierno de Sánchez se enfrenta a un otoño decisivo que podría definir su futuro y el de la coalición en el poder.