En el año 2024, los delitos de sustracción de menores en España, cometidos por alguno de sus progenitores, experimentaron una disminución del 7%, con un total de 443 denuncias. Sin embargo, este número sigue siendo significativo, ya que representa el segundo año con más casos registrados desde 2010, solo superado por el año anterior, 2023, que contabilizó 477 denuncias. Esta tendencia ha sido objeto de análisis en el Informe Anual de Personas Desaparecidas del Ministerio del Interior, que proporciona una visión detallada sobre este tipo de delitos en el país.
Desde 2010, el Centro Nacional de Desaparecidos (CNDES) ha estado recopilando estadísticas sobre sustracciones de menores, y los datos revelan un aumento notable en los casos en los últimos años. En 2010, se registraron solo 290 denuncias, la cifra más baja en la serie histórica. Sin embargo, a partir de 2021, se observó un repunte significativo, con 434 denuncias, seguido de 397 en 2022 y los mencionados 443 en 2024.
La sustracción de menores, según el artículo 225 bis del Código Penal español, se define como el acto de un progenitor que sustrae a su hijo menor de edad sin causa justificada. Este delito está penado con una condena de prisión que oscila entre dos y cuatro años, además de la inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de patria potestad por un periodo de cuatro a diez años. Las causas que pueden considerarse como sustracción incluyen el traslado de un menor sin el consentimiento del progenitor con el que convive habitualmente, así como la retención de un menor en contravención de una resolución judicial.
Las estadísticas del CNDES reflejan que los años 2023 y 2024 han sido los más problemáticos en términos de sustracciones de menores, lo que plantea interrogantes sobre las razones detrás de este fenómeno. Algunos expertos sugieren que el aumento de la tensión en las relaciones familiares, así como el impacto de la crisis económica y social, podrían estar influyendo en estas cifras. Además, el contexto de la pandemia de COVID-19 y sus repercusiones en la dinámica familiar también podrían haber contribuido a este aumento en los casos de sustracción.
Es importante destacar que, aunque ha habido una disminución en el número de denuncias en 2024 en comparación con 2023, el hecho de que se mantenga un alto número de casos indica que la problemática persiste. Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado continúan trabajando para abordar esta situación, y el CNDES juega un papel crucial en la recopilación de datos y la elaboración de estrategias para prevenir estos delitos.
El informe del CNDES no solo se centra en las cifras, sino que también busca comprender las circunstancias que rodean a cada caso. Esto incluye el análisis de los perfiles de los progenitores involucrados y las dinámicas familiares que pueden llevar a la sustracción de un menor. La recopilación de esta información es vital para desarrollar políticas públicas efectivas que aborden las causas subyacentes de este fenómeno.
Por otro lado, la sensibilización sobre los derechos de los menores y la promoción de la mediación familiar son aspectos que se están considerando para reducir la incidencia de estos delitos. La educación y la concienciación sobre la importancia de resolver los conflictos familiares de manera pacífica y legal son fundamentales para prevenir situaciones de sustracción.
En conclusión, aunque se ha registrado una disminución en los delitos de sustracción de menores en 2024, la cifra sigue siendo alarmante y refleja la necesidad de un enfoque integral para abordar esta problemática. La colaboración entre las instituciones, las familias y la sociedad en general es esencial para garantizar la protección de los menores y prevenir futuros casos de sustracción.