La Iniciativa Legislativa Popular (ILP) es un mecanismo que permite a los ciudadanos presentar propuestas de ley en el Congreso de los Diputados, siempre que cuenten con el respaldo de al menos 500.000 firmas. Esta figura, que busca fomentar la participación ciudadana en el proceso legislativo, ha tenido un recorrido complicado desde su establecimiento en la Constitución de 1978. A pesar de que se han presentado más de 160 iniciativas, solo dos han logrado ser aprobadas, lo que plantea interrogantes sobre la efectividad de este mecanismo.
Desde su creación, la ILP ha sido vista como una herramienta para que los ciudadanos puedan influir en la legislación. Sin embargo, la realidad es que la mayoría de las iniciativas quedan atrapadas en un laberinto burocrático. La Mesa del Congreso, encargada de decidir qué propuestas se admiten a trámite, ha rechazado la gran mayoría de las iniciativas presentadas. De las más de 160 propuestas, solo 10 han sido aceptadas para debate, y de estas, únicamente dos han sido aprobadas: una sobre la regulación de la tauromaquia como patrimonio cultural y otra para la protección del Mar Menor.
El proceso para que una ILP sea considerada comienza con la recolección de firmas. Desde 1983, cuando se registró la primera ILP, los ciudadanos han entregado millones de firmas a la Junta Electoral Central, que supervisa este proceso. Sin embargo, muchas de estas iniciativas no han logrado superar el primer filtro, ya que la Constitución establece restricciones sobre los temas que pueden ser objeto de una ILP. Por ejemplo, no se pueden presentar propuestas sobre materias de ley orgánica, tributarias o de carácter internacional.
Una vez que una ILP supera el primer filtro y se presenta con las firmas necesarias, queda a la discreción de los diputados decidir su futuro. En los últimos 42 años, el Congreso ha rechazado numerosas propuestas, lo que ha llevado a muchos a cuestionar la verdadera capacidad de la ILP para representar la voz del pueblo. Actualmente, se está debatiendo una ILP para la legalización de medio millón de personas migrantes, que ha estado bloqueada por los partidos mayoritarios, PSOE y PP, desde su aceptación a trámite en junio del año pasado.
El panorama no es mucho mejor para las iniciativas legislativas presentadas por los parlamentos autonómicos. Desde 1981, solo 22 de las 196 propuestas enviadas al Congreso han sido aprobadas. La mayoría de estas iniciativas tienen un enfoque territorial, aunque algunas, como la modificación de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General para permitir el voto a personas con discapacidad, han tenido un impacto significativo. Sin embargo, el éxito de estas propuestas parece depender en gran medida del partido que esté en el poder en ese momento. De las 22 leyes aprobadas, 15 lo fueron bajo un gobierno socialista, mientras que solo siete fueron aceptadas durante gobiernos del Partido Popular.
Las comunidades autónomas que han tenido más éxito en la aprobación de sus iniciativas son el País Vasco, Baleares y Canarias, cada una con tres leyes aprobadas. Catalunya y Andalucía les siguen con dos. Este patrón sugiere que la relación entre el gobierno central y las comunidades autónomas puede influir en la capacidad de estas últimas para hacer oír su voz en el Congreso.
En resumen, la ILP y las iniciativas de los parlamentos autonómicos enfrentan múltiples obstáculos en su camino hacia la aprobación. A pesar de que estos mecanismos están diseñados para aumentar la participación ciudadana y regional en el proceso legislativo, la realidad es que la mayoría de las propuestas se pierden en el proceso burocrático o son rechazadas por los partidos en el poder. Esto plantea un desafío significativo para la democracia en España y para la representación de los intereses de los ciudadanos y las comunidades autónomas en el ámbito legislativo.