El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha expresado su firme oposición al pacto que el Gobierno de Pedro Sánchez planea firmar con los independentistas catalanes. Este acuerdo, que busca establecer un modelo de financiación singular para Cataluña, similar al del cupo vasco, ha generado un intenso debate en el ámbito político español. García-Page ha calificado este pacto como un «privilegio» que resulta de un «chantaje» y ha advertido sobre las graves consecuencias que podría acarrear para la cohesión del Estado español.
### La Financiación Singular: Un Tema Controversial
El acuerdo que se prevé firmar el próximo lunes incluye la recaudación, gestión y liquidación de impuestos, comenzando por el IRPF en 2026. García-Page ha manifestado que este tipo de acuerdos no solo son perjudiciales para la igualdad entre comunidades autónomas, sino que también representan una «escalada de cesiones» por parte del Gobierno. En su opinión, el pacto abre la puerta a un «saqueo» del Estado, donde las comunidades que presionan más obtienen mayores beneficios a expensas de otras.
El presidente castellano-manchego ha revelado que solicitó que se debatiera sobre la financiación autonómica en el Comité Federal del PSOE, pero su demanda fue ignorada. Según él, el retraso en la firma del acuerdo fue deliberado para evitar que se discutiera en este foro. Esta falta de transparencia ha llevado a García-Page a cuestionar la legitimidad del proceso y a insinuar que los independentistas tienen una influencia indebida en las decisiones del partido.
García-Page ha sido uno de los críticos más vocales dentro del PSOE respecto a la política de concesiones hacia el independentismo. A lo largo de su carrera, ha sostenido que estas cesiones no son más que un resultado de chantajes, y ahora considera que la situación ha alcanzado un punto crítico. «A más corrupción, más debilidad y más negocio para los socios», ha afirmado, subrayando que la política actual está socavando los principios de igualdad que deberían regir en el país.
### La Resistencia de las Comunidades Autónomas
El presidente de Castilla-La Mancha no se ha quedado solo en sus críticas. Ha encontrado eco en otras comunidades autónomas, especialmente aquellas gobernadas por el Partido Popular, que han expresado su oposición al acuerdo. La preocupación radica en que este pacto podría establecer un precedente peligroso, donde la financiación de las comunidades autónomas se convierta en un instrumento de negociación política, en lugar de un derecho equitativo.
García-Page ha enfatizado que el pacto que se firmará el lunes es, en su opinión, claramente inconstitucional. Asegura que la Constitución ha sido ignorada en este proceso, lo que podría tener repercusiones legales y políticas significativas. La falta de un debate abierto y transparente sobre la financiación autonómica es vista como un ataque a la democracia interna del PSOE y a la cohesión del Estado.
El presidente ha indicado que su gobierno está considerando diversas estrategias para intentar frenar este pacto. Aunque no ha revelado detalles específicos, se espera que busque el apoyo de otras comunidades autónomas que comparten su preocupación. La unión de fuerzas entre comunidades socialistas y del PP podría ser clave para hacer frente a lo que consideran un acuerdo injusto y perjudicial para el conjunto del país.
La situación actual refleja un clima de tensión en la política española, donde las decisiones sobre la financiación y el autogobierno se han convertido en temas candentes. La polarización entre las diferentes comunidades autónomas y el Gobierno central es evidente, y las próximas semanas serán cruciales para determinar el futuro de este pacto y su impacto en la unidad de España.
García-Page ha dejado claro que la defensa de la igualdad y la justicia en la financiación autonómica es una prioridad para él y su gobierno. La lucha por un modelo que no favorezca a unos pocos a expensas de otros es un tema que seguirá generando debate y controversia en el panorama político español. A medida que se acerque la fecha de la firma del acuerdo, las tensiones podrían intensificarse, y la respuesta de las comunidades autónomas será un factor determinante en el desenlace de esta situación.