En el contexto actual de la política energética en España, el Partido Popular (PP) ha comenzado a plantear la necesidad de revisar la fiscalidad de la energía nuclear. Esta propuesta surge en medio de un debate más amplio sobre la seguridad del suministro energético en el país, especialmente tras el apagón ocurrido el 28 de abril de 2025. El portavoz nacional del PP, Borja Sémper, ha sido claro al afirmar que el objetivo debe ser garantizar que los españoles no se queden sin luz, lo que ha llevado a la formación a abrir un debate sobre la viabilidad de las centrales nucleares en el futuro.
La energía nuclear ha sido un tema controvertido en España, con opiniones divididas sobre su uso y sostenibilidad. Sémper ha criticado al Gobierno de Pedro Sánchez por lo que considera un enfoque negativo hacia la energía nuclear, argumentando que se está «ahogando» esta fuente de energía a través de restricciones en la extracción de uranio y una fiscalidad que desincentiva su uso. Según el portavoz del PP, existen alrededor de 30,000 toneladas de uranio en España que podrían ser utilizadas, pero las políticas actuales impiden su extracción.
### Propuestas del PP para la Energía Nuclear
El PP ha propuesto abrir un «debate serio, técnico y solvente» sobre la energía nuclear, con el fin de analizar sus pros y contras. Sémper ha enfatizado que no se trata de elegir entre energía nuclear o renovables, sino de considerar ambas como parte de una estrategia integral para garantizar el suministro energético. En este sentido, ha señalado que la prolongación de la vida útil de las centrales nucleares podría ser necesaria para asegurar que el país no enfrente apagones en el futuro.
Además, Sémper ha mencionado que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha expresado su intención de obligar a las eléctricas a mantener operativas las centrales nucleares si se considera que es en interés nacional. Esta postura refleja una clara intención de priorizar la seguridad energética por encima de las preferencias de las empresas del sector.
La propuesta del PP también se enmarca en un contexto más amplio de críticas hacia el Gobierno. Sémper ha acusado a Sánchez de estar «atrincherado» en una política dogmática que no permite un análisis objetivo de la situación energética del país. Esta crítica se ha intensificado tras el apagón de abril, que dejó a muchos ciudadanos sin suministro eléctrico y generó una ola de descontento hacia la gestión del Gobierno en materia energética.
### Críticas a la Gestión del Gobierno
El PP no solo ha cuestionado la política energética del Gobierno, sino que también ha criticado su falta de transparencia y comunicación. Sémper ha señalado que durante la reciente comparecencia de Sánchez en el Congreso, el presidente no ofreció explicaciones claras sobre las causas del apagón ni sobre el aumento del gasto en Defensa. Esta falta de información ha llevado a Sémper a calificar al Gobierno como «desesperado» y a acusarlo de generar caos en lugar de proporcionar respuestas a los ciudadanos.
La crítica del PP se centra en la percepción de que el Gobierno está más interesado en dividir a los españoles y enfrentar a diferentes sectores de la sociedad que en buscar soluciones efectivas a los problemas energéticos del país. Sémper ha subrayado que los propietarios de las centrales nucleares también son, en muchos casos, propietarios de energías renovables, lo que complica aún más el discurso del Gobierno sobre los «ultrarricos» y los lobbys energéticos.
La situación actual plantea un desafío significativo para el Gobierno, que debe equilibrar las necesidades de suministro energético con las preocupaciones ambientales y la transición hacia fuentes de energía más sostenibles. Sin embargo, las críticas del PP sugieren que la falta de un enfoque claro y coherente podría llevar a una mayor inestabilidad en el sector energético.
En resumen, el debate sobre la energía nuclear en España está lejos de resolverse. Con el PP abogando por una revisión de la fiscalidad y una mayor apertura hacia el uso de la energía nuclear, y el Gobierno defendiendo su postura actual, el futuro del suministro energético en el país dependerá de la capacidad de ambas partes para llegar a un consenso que garantice la seguridad energética y la sostenibilidad ambiental.