En el contexto político actual de España, el Congreso de los Diputados se ha convertido en un escenario donde varias iniciativas legislativas se encuentran en un estado de parálisis. Este fenómeno ha suscitado críticas tanto de la oposición como de algunos socios del Gobierno, quienes han señalado que ciertas leyes impulsadas por estos últimos están atrapadas en un limbo legislativo. A continuación, se examinan algunas de las leyes que han sufrido más retrasos en su tramitación.
La ley más retrasada en el Congreso es una propuesta del Partido Popular (PP) que busca eliminar el IVA de los servicios de peluquería. Esta iniciativa, que llegó a la Cámara Baja en diciembre de 2023, ha experimentado un total de 53 ampliaciones de plazos de enmiendas, lo que refleja un notable estancamiento en su avance. A pesar de contar con el apoyo de algunos aliados del Gobierno, el PSOE se opuso inicialmente, lo que ha contribuido a su prolongada espera.
En segundo lugar, se encuentran dos leyes impulsadas por socios del PSOE, específicamente una de Sumar que busca despenalizar ciertos delitos de opinión y otra de ERC que pretende eliminar la obligatoriedad de asistir a las convocatorias de la selección española de fútbol y otros deportes. Ambas propuestas llevan desde febrero de 2024 sin avanzar en su tramitación, a pesar de que el PSOE votó a favor de su toma en consideración. Sin embargo, el apoyo del PSOE a la ley de ERC llegó en un momento de incertidumbre, ya que el Ministerio de Educación había manifestado su oposición a la misma antes de que el Grupo Socialista cambiara de postura en el último momento.
Además de estas iniciativas, hay otras propuestas legislativas que, aunque han superado la fase de enmiendas, se han quedado estancadas en su paso por ponencia o comisión. Un ejemplo es la reforma del Reglamento del Congreso para adaptarlo al lenguaje inclusivo, que fue presentada en marzo del año pasado y no ha avanzado desde entonces. Asimismo, la reforma de la ‘ley mordaza’, que fue pactada entre el Gobierno y Bildu, también se encuentra en un estado de espera, a pesar de que se había registrado por procedimiento de urgencia.
El proceso de ampliación de plazos de enmiendas requiere una mayoría en el órgano de gobierno de la Cámara Baja, que actualmente está presidido por la socialista Francina Armengol. Esta mayoría se compone de los tres diputados del PSOE y los dos de Sumar, frente a los cuatro del PP. Esto significa que el PSOE necesita el apoyo de Sumar o del PP para bloquear normas que han pasado en el Pleno pero que no desean que continúen su tramitación.
El estancamiento legislativo ha generado un clima de frustración entre los partidos de la oposición y algunos de los socios del Gobierno, quienes han calificado este fenómeno como un «congelador» del Congreso. Este término se ha utilizado para describir la situación en la que varias leyes, que podrían tener un impacto significativo en la sociedad, permanecen sin avanzar debido a la falta de consenso y a las dinámicas internas del Gobierno.
El caso de la ley para despenalizar delitos de opinión y la reforma de la ley de secretos oficiales son ejemplos claros de cómo las tensiones políticas pueden afectar el proceso legislativo. A pesar de que estas iniciativas cuentan con el respaldo de ciertos sectores, su avance se ve obstaculizado por la falta de acuerdo entre los diferentes actores políticos.
En resumen, el estancamiento de estas leyes en el Congreso refleja un panorama complejo en el que las dinámicas de poder y las diferencias ideológicas juegan un papel crucial. La necesidad de alcanzar consensos y la presión de la opinión pública podrían ser factores determinantes para que estas iniciativas finalmente vean la luz. Sin embargo, hasta que no se logre un entendimiento entre las partes involucradas, es probable que muchas de estas propuestas sigan en el limbo legislativo, esperando su turno para ser debatidas y votadas.