El Gobierno de España se encuentra en la fase de estudio de un nuevo real decreto que busca compensar económicamente a los partidos políticos por los bienes que les fueron incautados durante la Guerra Civil. Esta iniciativa se enmarca dentro de la ley de memoria democrática, que ha sido objeto de debate y negociación en el Congreso. Se espera que el texto sea presentado al Consejo de Ministros en los próximos meses, según fuentes del departamento de Política Territorial.
La ley de memoria democrática, aprobada en la legislatura anterior, incluyó esta medida como una disposición adicional, impulsada en gran parte por la presión de ERC, que amenazó con bloquear la norma si no se incluía. Ahora, los republicanos catalanes están interesados en negociar el contenido del decreto, especialmente en lo que respecta a las auditorías sobre los bienes expropiados entre 1936 y 1939 y las propuestas de reparación que se derivarán de estas auditorías.
Aunque no se han realizado cálculos definitivos, se estima que el valor de los inmuebles incautados podría ascender a alrededor de 90 millones de euros. El PNV, por su parte, ha afirmado que el traspaso de un palacete en París, que fue utilizado por el Instituto Cervantes y que ha sido reivindicado históricamente por los nacionalistas vascos, ya se ha completado, a pesar de que el decreto que lo cedía ha caído.
Desde el ministerio de Política Territorial, dirigido por Ángel Víctor Torres, se reconoce el interés de algunos socios del Gobierno en el contenido del decreto. Aunque evitan hablar de negociaciones formales, indican que se están llevando a cabo conversaciones al respecto. En este contexto, el PNV ya había alcanzado un acuerdo antes de fin de año para la restitución del mencionado palacete, lo que ha generado tensiones con el Partido Popular, que se opone a estas medidas.
Además de la restitución del palacete, el acuerdo también incluye compensaciones por la privación de otros dos inmuebles en Francia. Este tipo de restituciones se justifican en la ley de memoria, que busca dar efectividad al derecho de reparación en casos de bienes incautados en el extranjero durante situaciones excepcionales.
El Partido Comunista de España (PCE) y el sindicato UGT ya han recibido compensaciones por patrimonio incautado durante el franquismo. En el caso de UGT, se devolvieron bienes valorados en 140 millones de euros en 2005, tras la aprobación de un decreto durante el mandato de José Luis Rodríguez Zapatero. Según datos del Gobierno, desde la vuelta de la democracia, más de 611,800 beneficiarios han recibido reparaciones económicas por un total de 25,500 millones de euros.
ERC es el principal interesado en este nuevo decreto, ya que forzó su inclusión en la ley de memoria democrática. La disposición pactada establece que el Gobierno deberá aprobar un reglamento que desarrolle la Ley 50/2007, que modifica la Ley 43/1998, sobre la restitución o compensación a los partidos políticos de bienes y derechos incautados durante el periodo de 1936 a 1939. Este reglamento fijará un nuevo plazo para la presentación de solicitudes de restitución o compensación, algo que ERC ya había solicitado en el Congreso hace un año mediante una moción para acelerar el cumplimiento de esta medida.
En paralelo a estas negociaciones, el ministerio de Política Territorial tiene otras medidas pendientes de desarrollar a través de un real decreto, como la creación de un catálogo de símbolos y elementos contrarios a la memoria democrática y la regulación del nuevo marco jurídico del valle de Cuelgamuros. Este último ha sido un tema candente desde el inicio de la legislatura, con un enfoque en la resignificación del monumento franquista.
A finales de marzo, se logró desbloquear el proceso de resignificación del Valle de Cuelgamuros tras un acuerdo con el Vaticano, que permitió la permanencia de los monjes benedictinos en el lugar, así como el respeto a los elementos religiosos. Este acuerdo ha llevado a la creación de un concurso para transformar el monumento en un centro de reinterpretación histórica, artística y paisajística, lo que refleja un cambio significativo en la forma en que se aborda la memoria histórica en España.