El Gobierno de España ha decidido presentar un recurso contra el auto del Tribunal Supremo que le obliga a acoger a más de mil menores migrantes no acompañados que han solicitado asilo y que actualmente están bajo la tutela de los servicios de protección de Canarias. Esta decisión se produce tras la orden del Tribunal, que estableció un plazo de diez días para que el Ejecutivo garantizara el acceso de estos menores al Sistema Nacional de Acogida de Protección Internacional.
La Abogacía del Estado, que ha confirmado la presentación del recurso, argumenta que la responsabilidad de la acogida de estos menores recae en la comunidad autónoma de Canarias, independientemente de su estatus de solicitantes de protección internacional. Esta postura se basa en la interpretación de que el sistema de acogida para solicitantes de asilo debe ser gestionado por el Gobierno regional, y no por el estatal.
La situación de estos menores ha sido calificada por el Tribunal Supremo como «insostenible», señalando que actualmente están bajo el cuidado exclusivo del sistema de protección de menores de la comunidad autónoma. En su resolución, los magistrados expresaron su preocupación por la falta de recursos y programas adecuados para atender a estos menores, quienes tienen derecho a acceder a un sistema de acogida que garantice su bienestar y seguridad.
El auto del Tribunal Supremo, emitido el 26 de marzo, incluyó medidas cautelares que obligan al Gobierno a actuar de manera urgente. Los jueces argumentaron que es fundamental que estos menores no acompañados, que han manifestado su intención de solicitar asilo, tengan acceso a los recursos y mecanismos que les corresponden como solicitantes de protección internacional. La Sala Tercera del Tribunal, que dictó la resolución, estuvo presidida por la magistrada Ángeles Huet.
La controversia en torno a la acogida de menores migrantes en Canarias no es un tema nuevo. La comunidad autónoma ha enfrentado desafíos significativos en la gestión de la llegada de migrantes, especialmente en los últimos años, cuando el número de personas que intentan llegar a las islas ha aumentado considerablemente. La presión sobre los servicios de protección de menores ha llevado a situaciones críticas, donde los recursos disponibles son insuficientes para atender adecuadamente a todos los menores que llegan.
La decisión del Gobierno de impugnar el auto del Supremo ha generado reacciones diversas en el ámbito político. Desde el partido Sumar, se ha criticado la actitud del Partido Popular (PP), acusándolo de tener una postura «destructiva» que contribuye al bloqueo en el reparto de menores migrantes. En este contexto, se ha afirmado que «Canarias tiene al enemigo en casa», sugiriendo que la falta de colaboración entre las diferentes administraciones está exacerbando la crisis.
El Gobierno y la comunidad autónoma de Canarias han acordado coordinarse «caso a caso» para la derivación de los 1.008 menores migrantes solicitantes de asilo. Esta medida busca establecer un protocolo que permita una gestión más eficiente y humanitaria de la situación, aunque la impugnación del auto del Supremo podría complicar este proceso.
La situación de los menores migrantes no acompañados es un tema de gran relevancia en el debate sobre la inmigración en España. La protección de los derechos de estos menores es fundamental, y la falta de recursos adecuados para su atención plantea serias preocupaciones sobre su bienestar y futuro. La respuesta del Gobierno y la comunidad autónoma será crucial para determinar cómo se manejará esta crisis en los próximos meses.
En resumen, la decisión del Gobierno de recurrir el auto del Tribunal Supremo refleja la complejidad de la situación de los menores migrantes en Canarias. La coordinación entre las diferentes administraciones y la garantía de acceso a un sistema de acogida adecuado son aspectos clave que deberán abordarse para asegurar que se respeten los derechos de estos menores y se les brinde la protección que necesitan.