La situación política en España se encuentra en un punto crítico, especialmente en lo que respecta a la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2026. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, junto a sus vicepresidentas, ha comenzado a mostrar signos de impaciencia ante la falta de avances en las negociaciones con los partidos que apoyan su gobierno. A pesar de que no hay plazos establecidos, sí existen límites que el Ejecutivo debe considerar para evitar un estancamiento que podría resultar perjudicial para su gestión.
### La Senda Fiscal y la Estrategia del Gobierno
El Gobierno ha decidido tomar la iniciativa y barajar la posibilidad de presentar la senda fiscal, un paso crucial en la elaboración de las cuentas públicas, con o sin el apoyo de sus socios. Desde el Ministerio de Hacienda, se ha indicado que se convocará pronto el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) para discutir una nueva propuesta de déficit que será presentada a las comunidades autónomas. La intención es actuar con rapidez, ya que el objetivo inicial era tener los Presupuestos aprobados en septiembre. Sin embargo, las conversaciones con los partidos aliados han sido infructuosas hasta el momento.
A pesar de la falta de respaldo en el Congreso para sus objetivos de déficit, el Gobierno ha decidido no dar por perdida la situación. De hecho, algunos miembros del Ejecutivo sugieren que la elaboración de las cuentas con la actual senda fiscal podría ofrecerles más margen para implementar políticas expansivas. Sin embargo, el tiempo corre en su contra, y el retraso en la tramitación de los Presupuestos hace que sea prácticamente inviable llevarlos a votación antes de que finalice el año. Si no se produce un cambio significativo en las negociaciones, es probable que el próximo año comience con una prórroga del proyecto de 2023, lo que podría limitar la capacidad del Gobierno para implementar nuevas políticas.
### La Deterioración de las Relaciones con los Socios
La relación del Gobierno con sus socios, como Junts y Podemos, ha ido en deterioro, lo que complica aún más la aritmética parlamentaria. Recientemente, Podemos se unió a la oposición, formada por el PP y Vox, para rechazar una ley que permitía la delegación de competencias a Catalunya, un acuerdo que había sido pactado previamente entre el PSOE y Junts. Por otro lado, Junts ha mostrado una postura cautelosa y ha evitado adelantar su posición sobre el decreto de embargo de armas a Israel, lo que añade más incertidumbre a la situación.
La falta de comunicación entre los socios ha llevado al PSOE a asumir un papel de mediador, aunque con escaso éxito. Las tensiones han aumentado, y las diferencias parecen profundizarse en lugar de resolverse. A pesar de estos desafíos, el Gobierno mantiene la esperanza de que se puedan flexibilizar las posiciones y encontrar un terreno común. Sin embargo, la realidad es que la dinámica actual sugiere que los conflictos internos podrían limitar la iniciativa legislativa del Ejecutivo, lo que podría tener repercusiones negativas en su capacidad para gobernar.
En este contexto, la votación del decreto de embargo de armas a Israel se presenta como un desafío adicional. El Congreso deberá votar este decreto en un plazo máximo de un mes, y su futuro es incierto. Junts ha calificado la situación de “postureo político”, mientras que Podemos ha criticado el decreto, considerándolo un engaño y exigiendo una ruptura total de las relaciones comerciales y diplomáticas con Israel. Ante el riesgo de que el decreto no prospere, el Gobierno ha mostrado disposición a introducir cambios propuestos por sus socios y tramitarlo como un proyecto de ley, lo que podría ser un intento de salvar la situación.
La presión sobre el Gobierno es palpable, y una derrota en este asunto, que representa una de las principales banderas políticas de Pedro Sánchez, podría tener consecuencias significativas para su mandato. La situación actual plantea un escenario complicado, donde el ‘no a todo’ podría convertirse en la norma, dificultando la aprobación de los Presupuestos y afectando la estabilidad del Gobierno hasta el final de la legislatura. La incertidumbre política y la falta de consenso entre los partidos continúan siendo un obstáculo importante para el avance de la agenda del Ejecutivo.