El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha anunciado que el Gobierno ha decidido retirar el recurso presentado contra las medidas cautelares del Tribunal Supremo, que obligaban al Estado a hacerse cargo de más de 1.000 menores migrantes bajo la tutela de los servicios de protección de Canarias. Esta decisión se produce tras una reunión considerada «productiva» entre el Gobierno central y el de Canarias, donde se discutieron las mejores formas de cumplir con el auto del Supremo.
En la atención a los medios, Bolaños explicó que el auto dictado por el Tribunal Supremo establecía un plazo de 10 días para que el Gobierno de España, en colaboración con el Gobierno de Canarias, pudiera garantizar una acogida digna a todos los menores migrantes que hubieran solicitado protección internacional. El ministro subrayó la importancia de trabajar juntos para resolver la situación de estos menores, quienes se encuentran en una situación vulnerable.
La Abogacía del Estado había argumentado en el recurso que la responsabilidad de la acogida de estos menores recaía en la comunidad autónoma canaria, independientemente de su estatus migratorio. Sin embargo, la retirada del recurso indica un cambio en la postura del Gobierno, que busca colaborar con las autoridades canarias para cumplir con las obligaciones legales y humanitarias.
Bolaños destacó que la reunión entre ambos gobiernos es un ejemplo de lealtad institucional y buena fe negociadora, enfatizando que es fundamental encontrar soluciones a través del diálogo en lugar de recurrir a litigios. Esta decisión refleja un enfoque más colaborativo en la gestión de la crisis migratoria, que ha sido un tema candente en la política española en los últimos años.
La situación de los menores migrantes en Canarias ha sido objeto de atención mediática y política, especialmente en el contexto de la creciente llegada de migrantes a las costas españolas. La presión sobre los servicios de protección de menores en Canarias ha aumentado, lo que ha llevado a la necesidad de una respuesta coordinada entre el Gobierno central y las comunidades autónomas.
El compromiso del Gobierno de España de asumir la responsabilidad de estos menores es un paso significativo hacia la mejora de las condiciones de acogida y protección. Sin embargo, la implementación efectiva de estas medidas dependerá de la colaboración continua entre las distintas administraciones y de la disponibilidad de recursos adecuados para atender a esta población vulnerable.
La retirada del recurso también puede interpretarse como un intento del Gobierno de suavizar las tensiones políticas en torno a la gestión de la inmigración y de mostrar un compromiso con los derechos humanos. La situación de los menores migrantes es un tema que ha suscitado debates intensos en la sociedad española, y la forma en que se maneje esta cuestión podría tener implicaciones significativas para la política migratoria del país en el futuro.
En resumen, la decisión del Gobierno de retirar el recurso contra el auto del Tribunal Supremo marca un cambio en la estrategia del Ejecutivo en relación con la acogida de menores migrantes en Canarias. A medida que se avanza en la implementación de estas medidas, será crucial seguir de cerca cómo se desarrollan las acciones y la colaboración entre las distintas administraciones para garantizar el bienestar de estos menores.