El Partido Popular (PP) ha delineado un ambicioso plan para derogar lo que denominan «leyes sanchistas» en caso de llegar al poder tras las próximas elecciones. Este conjunto de medidas incluye la derogación de leyes clave como la Ley de Memoria Democrática, la Ley de Vivienda, la Ley Trans y la Ley de Amnistía, entre otras. Alberto Núñez Feijóo, líder del PP, ha manifestado su intención de llevar a cabo estas reformas en los primeros 100 días de su gobierno, si logra acceder al Palacio de la Moncloa. A continuación, se detallan las principales propuestas y su contexto político.
**Reformas Legislativas en el Horizonte**
El PP ha comenzado a preparar el terreno para la derogación de varias leyes que consideran perjudiciales para la sociedad española. La Ley de Memoria Democrática, que busca reconocer y reparar a las víctimas del franquismo, ha sido objeto de críticas por parte del PP, que argumenta que esta ley no contribuye a la reconciliación y puede ser utilizada para reescribir la historia. Feijóo ha declarado que esta ley, redactada en parte por el partido Bildu, no puede ser aceptada si se busca una verdadera justicia.
En cuanto a la Ley de Vivienda, el PP sostiene que esta normativa, que entró en vigor hace aproximadamente un año y medio, no ha resuelto los problemas de acceso a la vivienda que enfrentan muchos españoles. La crítica se centra en que las medidas implementadas no han tenido el impacto esperado en el mercado inmobiliario, lo que ha llevado al partido a plantear su derogación.
La Ley Trans, que busca garantizar derechos a las personas trans, también está en la mira del PP. Feijóo ha argumentado que esta ley debería ser revisada para proteger a los menores y proporcionarles las herramientas necesarias para enfrentar su identidad de género de manera adecuada. Este enfoque ha generado un debate intenso sobre los derechos de las personas trans y la protección de los menores en el contexto de la identidad de género.
**Un Plan de Regeneración Institucional**
El PP no solo se limita a la derogación de leyes, sino que también ha propuesto un amplio plan de regeneración institucional. Este plan incluye la creación de una nueva Vicesecretaría de Regeneración Institucional, liderada por Cuca Gamarra, cuyo objetivo es revisar y derogar gran parte del cuerpo legislativo aprobado por el gobierno actual. Feijóo ha enfatizado que su intención es recuperar la normalidad política y sanear la política española, algo que considera esencial para el futuro del país.
Entre las medidas propuestas se encuentra la recuperación del delito de sedición, que fue eliminado por el gobierno de Sánchez, así como el endurecimiento de las penas por malversación. El PP también ha manifestado su intención de prohibir indultos por corrupción, asegurando que el indulto no debe ser un privilegio político y que su regulación debe ser reformada para garantizar la igualdad ante la ley.
Además, el partido ha planteado la derogación del «cupo separatista», una medida que, según ellos, va en contra de la mayoría de los españoles. Feijóo ha prometido que, si llega al poder, se comprometerá a revisar otras leyes, como la Ley de Eutanasia y la reforma laboral, buscando siempre el consenso con sindicatos y patronales.
**Desafíos y Oportunidades**
El camino hacia la implementación de estas reformas no será sencillo. El PP es consciente de que muchas de estas leyes ya están consolidadas y que su derogación podría enfrentar resistencia tanto en el Parlamento como en la sociedad civil. Sin embargo, el partido ha decidido adoptar una postura firme, confiando en que su mensaje resonará entre los votantes que se sienten descontentos con las políticas actuales.
Feijóo ha presentado un decálogo de tareas prioritarias que incluye no solo la derogación de leyes, sino también la reducción de la inmigración ilegal, la bajada de impuestos y la mejora de la atención médica en España. Este enfoque integral busca atraer a un electorado más amplio, que abarca desde los conservadores tradicionales hasta aquellos que buscan un cambio en la política actual.
La propuesta de Feijóo de castigar al gobierno por la falta de Presupuestos Generales del Estado (PGE) también ha generado debate. La idea de que la falta de cuentas públicas debería tener consecuencias jurídicas, como una cuestión de confianza o la convocatoria de elecciones, refleja una postura firme del PP en cuanto a la responsabilidad fiscal y la gestión gubernamental.
En resumen, el PP se prepara para un posible cambio radical en la legislación española si logra ganar las elecciones. Con un enfoque en la derogación de leyes y la regeneración institucional, el partido busca no solo recuperar el control del gobierno, sino también redefinir el rumbo político del país en los próximos años.