El Gobierno de España ha dado un paso significativo en su lucha por la memoria histórica al abrir el procedimiento para la ilegalización de la Fundación Nacional Francisco Franco (FNFF). Este proceso, que se inició en junio de 2024, ha cobrado impulso tras la notificación oficial a la fundación el pasado 31 de octubre de 2025. A continuación, se exploran los detalles de este procedimiento y las implicaciones que conlleva.
### Contexto del Procedimiento de Ilegalización
La decisión del Ministerio de Cultura de instar a la ilegalización de la FNFF se basa en la legislación vigente que regula las fundaciones en España, así como en la Ley de Memoria Histórica. Esta ley establece que las fundaciones no pueden promover actividades que ensalcen regímenes totalitarios o que menosprecien la dignidad de las víctimas de la dictadura. La FNFF ha sido objeto de críticas por su apología del franquismo y por sus actividades que, según el informe de la Abogacía General del Estado, no persiguen fines de interés general.
El proceso de ilegalización se ha estructurado en varias fases. Tras la notificación a la FNFF, se abre un periodo de alegaciones de diez días hábiles, durante el cual la fundación puede presentar documentación y argumentos en su defensa. Posteriormente, se llevará a cabo un periodo de prueba, donde se evaluarán las pruebas aportadas por la fundación. Finalmente, el Ministerio de Cultura emitirá una propuesta de resolución que será revisada por la Abogacía General del Estado antes de ser elevada a los Juzgados de Primera Instancia de lo Civil.
### Implicaciones Legales y Sociales
La ilegalización de la FNFF no solo tiene repercusiones legales, sino que también plantea importantes cuestiones sociales y culturales. La fundación ha sido criticada por su papel en la difusión de una narrativa positiva sobre el franquismo, lo que ha generado un intenso debate en la sociedad española sobre la memoria histórica y la reconciliación. La Ley de Memoria Histórica busca precisamente abordar estas cuestiones, promoviendo una visión crítica del pasado y garantizando la dignidad de las víctimas del franquismo.
Uno de los aspectos más relevantes del informe de la Abogacía del Estado es la identificación de las actividades de la FNFF que podrían considerarse como apología del franquismo. La fundación, según el informe, no solo mantiene un archivo personal de Francisco Franco, sino que también se dedica a la difusión de su legado a través de publicaciones y eventos. Esto ha llevado a la conclusión de que sus fines están fundamentalmente orientados a promover una visión positiva del franquismo, lo que contraviene la legislación vigente.
Además, el Gobierno ha expresado su preocupación por el hecho de que la FNFF recibe incentivos fiscales y beneficios por su estatus de fundación, lo que implica que los ciudadanos españoles, a través de sus impuestos, están indirectamente financiando una entidad que promueve un régimen que ha sido ampliamente condenado por su violación de derechos humanos. Esta situación ha llevado a la necesidad de actuar para garantizar que los recursos públicos no se utilicen para apoyar actividades que van en contra de los principios democráticos.
El proceso de ilegalización también plantea preguntas sobre el futuro de la FNFF y su capacidad para adaptarse a un entorno legal más restrictivo. Fuentes del Ministerio de Cultura han señalado que es probable que la fundación busque nuevas formas de operar, incluso si se lleva a cabo la ilegalización. Esto podría incluir la reestructuración de su organización o la creación de nuevas entidades que continúen promoviendo sus objetivos.
### La Reacción de la Sociedad y el Debate Público
La apertura del procedimiento de ilegalización ha suscitado reacciones diversas en la sociedad española. Por un lado, muchos celebran la decisión del Gobierno como un paso necesario hacia la justicia y la reparación histórica. Para estos sectores, la ilegalización de la FNFF es un reconocimiento de las heridas abiertas por la dictadura y una forma de garantizar que la memoria de las víctimas no sea olvidada.
Por otro lado, hay quienes critican esta medida, argumentando que podría ser vista como un ataque a la libertad de expresión y al derecho de las organizaciones a promover su visión del pasado. Este debate ha puesto de manifiesto las divisiones existentes en la sociedad española en torno a la memoria histórica y la interpretación del legado franquista.
El papel de la educación y la cultura en este contexto es fundamental. La promoción de una educación crítica que aborde la historia reciente de España y fomente el debate sobre el franquismo es esencial para avanzar hacia una sociedad más justa y reconciliada. La ilegalización de la FNFF podría ser un catalizador para que se produzcan cambios en la forma en que se enseña y se discute la historia en las escuelas y en la esfera pública.
### Conclusiones sobre el Proceso de Ilegalización
El procedimiento de ilegalización de la Fundación Nacional Francisco Franco representa un momento crucial en la historia reciente de España. A medida que avanza este proceso, será fundamental observar cómo se desarrollan los acontecimientos y cómo se aborda la cuestión de la memoria histórica en el futuro. La decisión del Gobierno de actuar contra la FNFF podría sentar un precedente importante para otras organizaciones que promueven ideologías similares y contribuir a un cambio en la narrativa histórica del país. La sociedad española se enfrenta a un reto significativo: encontrar un equilibrio entre la memoria, la justicia y la libertad de expresión en un contexto de creciente polarización política y social.