El Gobierno de España ha dado un paso significativo en su lucha contra la apología del franquismo al abrir el procedimiento para ilegalizar la Fundación Nacional Francisco Franco (FNFF). Este proceso, que se inició formalmente en junio de 2024, ha tomado un nuevo impulso con la notificación a la fundación sobre el expediente de ilegalización, lo que marca el comienzo de un periodo de alegaciones y pruebas que podría culminar en una decisión judicial en un futuro cercano.
### Contexto Histórico y Legal
La Fundación Francisco Franco fue establecida con el objetivo de preservar la memoria del dictador y promover su legado. Sin embargo, su existencia ha sido objeto de controversia, especialmente en un país que ha estado lidiando con las secuelas de la dictadura franquista. La Ley de Memoria Histórica, aprobada en 2007 y reforzada por la Ley 20/2022, establece que cualquier entidad que promueva la apología del franquismo o que no persiga fines de interés general puede ser ilegalizada. En este contexto, el Ministerio de Cultura ha argumentado que la FNFF no solo promueve una visión distorsionada de la historia, sino que también incita al odio y a la violencia contra las víctimas del franquismo.
El procedimiento de ilegalización se basa en dos causas fundamentales: la falta de fines de interés general y la promoción de la apología del franquismo. La Abogacía del Estado ha presentado un informe que sostiene que, aunque la FNFF se presenta como una entidad cultural y documental, sus actividades están claramente orientadas a glorificar la figura de Franco y a menospreciar a las víctimas de su régimen. Este informe, junto con otros documentos de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, ha sido crucial para fundamentar la decisión del Gobierno.
### El Procedimiento Judicial
El proceso de ilegalización se ha estructurado en varias fases. Tras la notificación a la FNFF, la fundación tiene un plazo de diez días hábiles para presentar alegaciones. Durante este tiempo, también se abrirá un periodo de prueba en el que la fundación podrá aportar documentación que respalde su posición. Una vez finalizado este periodo, el Ministerio de Cultura elaborará una propuesta de resolución que será enviada a la Abogacía General del Estado para su revisión. Este informe será fundamental para que el Ministro de Cultura, Miquel Iceta, firme la resolución final que se elevará a los Juzgados de Primera Instancia de lo Civil.
Fuentes del Ministerio han expresado su confianza en que el caso llegue a los tribunales lo más pronto posible, aunque advierten que el proceso podría tardar al menos nueve meses. La estrategia de la FNFF y la documentación que presente serán determinantes en la rapidez del proceso. Sin embargo, el Gobierno considera que el acuerdo inicial para la ilegalización está bien fundamentado y que las pruebas que se presenten en el juicio serán similares a las que ya se han recopilado.
El Ministerio de Cultura ha solicitado informes a diversas entidades, incluyendo la Secretaría de Estado de Memoria Democrática y el Registro de Fundaciones, para construir un expediente sólido. Este esfuerzo busca asegurar que la FNFF no continúe recibiendo beneficios fiscales y donaciones, lo que podría considerarse un apoyo indirecto a la apología del franquismo.
### Implicaciones y Reacciones
La decisión del Gobierno de abrir este procedimiento ha generado reacciones diversas en la sociedad española. Por un lado, muchos consideran que es un paso necesario para cerrar las heridas del pasado y avanzar hacia una memoria histórica más justa. La ilegalización de la FNFF podría sentar un precedente importante en la lucha contra la impunidad de los crímenes del franquismo y en la promoción de una memoria democrática que respete la dignidad de las víctimas.
Por otro lado, la FNFF y sus simpatizantes han criticado la medida, argumentando que se trata de un ataque a la libertad de expresión y a la historia de España. La fundación ha defendido su derecho a existir como una entidad que busca preservar la memoria de Franco y su legado, y ha prometido luchar legalmente contra la ilegalización. Se espera que, en caso de que el tribunal decida a favor del Gobierno, la FNFF busque nuevas formas de operar, posiblemente bajo una estructura diferente que le permita continuar con sus actividades.
El Ministerio de Cultura también ha anticipado que, en caso de que el proceso judicial avance, solicitará medidas cautelares para proteger el archivo histórico de la fundación y evitar que se destruyan pruebas relevantes. Esta acción se basa en un precedente establecido en el caso del Pazo de Meirás, donde el Gobierno tomó medidas para proteger documentos de interés público.
### La Memoria Histórica en España
La cuestión de la memoria histórica en España sigue siendo un tema candente y divisivo. A medida que el país avanza en su proceso de reconciliación con el pasado, la ilegalización de entidades como la FNFF se presenta como un paso crucial para garantizar que la historia no se repita. La lucha por la memoria histórica no solo implica la eliminación de símbolos y entidades que glorifican el franquismo, sino también la promoción de una narrativa inclusiva que reconozca y respete a todas las víctimas de la dictadura.
La sociedad española se encuentra en un momento de reflexión sobre su pasado y su identidad. La decisión del Gobierno de ilegalizar la FNFF podría ser vista como un acto de justicia hacia aquellos que sufrieron bajo el régimen franquista, y como un compromiso para construir un futuro en el que la memoria histórica sea un pilar fundamental de la democracia. A medida que el proceso judicial avanza, será crucial observar cómo se desarrollan los acontecimientos y qué impacto tendrán en la sociedad española y en su percepción del pasado.