El Rey emérito Juan Carlos I ha decidido emprender acciones legales contra Miguel Ángel Revilla, ex presidente de Cantabria, por declaraciones que considera calumniosas e injuriosas. Esta decisión ha sido comunicada a través de su abogada, Guadalupe Sánchez Baena, quien ha detallado que las afirmaciones de Revilla, realizadas entre mayo de 2022 y enero de 2025, vulneran su derecho al honor, protegido por el artículo 18.1 de la Constitución Española.
La abogada ha indicado que, antes de proceder con la demanda, se ha solicitado un acto de conciliación ante los juzgados de primera instancia de Santander. Este paso busca alcanzar un acuerdo que evite el litigio, aunque la reclamación incluye una indemnización por daños morales de 50.000 euros. Esta cantidad, según se especifica, será donada a Cáritas, la confederación de entidades de acción caritativa y social de la Iglesia católica.
Las declaraciones de Revilla que han motivado esta acción legal incluyen comentarios realizados en programas de televisión, donde el político se refirió al Rey emérito como «el malo» y afirmó que no descansaría hasta que Juan Carlos I regresara a España con el dinero que, según él, debería estar protegido como patrimonio nacional. Estas afirmaciones han sido consideradas por la representación legal del monarca como un ataque a su honor y dignidad.
Además de la indemnización, la demanda también solicita una rectificación pública de las declaraciones consideradas calumniosas en los mismos medios donde fueron emitidas. Esta acción legal se produce en un contexto mediático sensible, especialmente tras la reciente publicación de conversaciones entre Juan Carlos I y la vedette Bárbara Rey, que han reavivado la polémica sobre su figura y su legado.
La decisión de Juan Carlos I de actuar legalmente representa un cambio en su estrategia, ya que desde su traslado a Abu Dabi en agosto de 2020, había mantenido un perfil bajo ante las críticas. Este caso podría establecer un precedente sobre los límites de la crítica política hacia figuras públicas, especialmente en lo que respecta a la protección constitucional del derecho al honor.
Si la demanda avanza, será un tribunal civil el encargado de determinar si las declaraciones de Revilla constituyen un ataque al honor del Rey emérito o si están amparadas por la libertad de expresión y el derecho a la crítica política en una sociedad democrática. Este proceso legal podría tener implicaciones significativas para el futuro de la relación entre la monarquía y la política en España, así como para el tratamiento mediático de figuras públicas.
En el contexto de esta controversia, se han revelado audios comprometedores que confirman la relación entre Juan Carlos I y Bárbara Rey, lo que ha añadido más tensión a la situación. En estas grabaciones, se escuchan términos cariñosos y se discuten asuntos de Estado, lo que ha llevado a cuestionar la imagen pública del monarca y su legado.
La figura del Rey emérito ha estado bajo un intenso escrutinio en los últimos años, y esta nueva acción legal podría intensificar aún más el debate sobre su papel en la historia reciente de España. La atención mediática y pública sobre este caso será sin duda significativa, dado el interés que genera la monarquía y su relación con la política en el país.