El Tribunal Supremo ha tomado una decisión significativa al rechazar la querella presentada contra el rey emérito Juan Carlos I por presuntos delitos fiscales. Esta querella, que fue interpuesta por un grupo de magistrados jubilados, fiscales anticorrupción retirados y varios intelectuales en noviembre del año pasado, alegaba que el emérito había cometido cinco delitos fiscales relacionados con rentas y donaciones no declaradas a través de fundaciones como Zagatka y Lucum. Sin embargo, el alto tribunal ha determinado que los hechos expuestos en la querella no son constitutivos de delito, están prescritos o han sido regularizados.
La decisión del Tribunal Supremo se basa en un informe del Ministerio Público que se oponía a la admisión de la querella. En este informe, se recordaba que ya se habían abierto diligencias de investigación en relación con Juan Carlos I en junio y noviembre de 2020, las cuales fueron archivadas en marzo de 2022 tras una exhaustiva investigación. El tribunal ha señalado que no se han presentado nuevos datos o pruebas que justifiquen la reapertura del caso, lo que ha llevado a la conclusión de que la querella carece de fundamento legal.
### Contexto de la Querella
La querella presentada contra Juan Carlos I se centraba en la supuesta existencia de irregularidades fiscales relacionadas con ingresos no declarados. Los querellantes argumentaban que las regularizaciones tributarias realizadas por el rey emérito no cumplían con los requisitos legales necesarios para exonerar su responsabilidad penal. Además, sostenían que los delitos no habían prescrito, ya que se trataba de hechos agravados por la utilización de estructuras opacas en el extranjero.
Sin embargo, el Tribunal Supremo ha desestimado estos argumentos, subrayando que la Fiscalía Anticorrupción ya había archivado el caso por falta de indicios incriminatorios. En su auto, el tribunal ha enfatizado que la selección de hechos presentada por los querellantes era fragmentada e interesada, y que no podía ser la base para abrir un nuevo proceso penal. La decisión del tribunal se fundamenta en la premisa de que, en términos jurídicos, nada ha cambiado desde el archivo de la Fiscalía hace tres años.
El auto del Tribunal Supremo también ha recordado que un decreto de archivo no puede ser reinterpretado para justificar la apertura de un nuevo proceso penal. La resolución ha dejado claro que admitir la querella significaría convertir a los querellantes en defensores de intereses tributarios que ya han sido satisfechos, lo cual no es el propósito de la acción popular.
### Implicaciones de la Decisión
La decisión del Tribunal Supremo tiene importantes implicaciones tanto para el rey emérito como para el sistema judicial español. En primer lugar, refuerza la idea de que la acción popular tiene límites y no puede sustituir la iniciativa del Ministerio Fiscal en casos donde este ha determinado que no hay base para la acción penal. Esto podría sentar un precedente para futuros casos en los que se interpongan querellas similares.
Además, la resolución del tribunal también destaca la importancia de la regularización fiscal y cómo esta puede influir en la responsabilidad penal. En el caso de Juan Carlos I, se ha señalado que las regularizaciones tributarias, aunque con errores formales, tuvieron efectos exoneradores, lo que significa que los delitos fiscales no son perseguibles penalmente en ciertos casos. Esto podría tener repercusiones en otros casos de figuras públicas que se encuentren en situaciones similares.
Por otro lado, la decisión también refleja el estado actual de la percepción pública sobre la monarquía en España. La figura del rey emérito ha estado bajo un intenso escrutinio desde su abdicación en 2014, y este tipo de decisiones judiciales pueden influir en la opinión pública sobre la legitimidad de la monarquía y su papel en la sociedad española. La falta de nuevas pruebas que justifiquen la apertura de un nuevo proceso penal podría ser vista como un alivio para algunos, mientras que otros podrían interpretarlo como una falta de rendición de cuentas.
En resumen, el rechazo de la querella contra Juan Carlos I por parte del Tribunal Supremo no solo cierra un capítulo en la historia judicial del rey emérito, sino que también plantea preguntas sobre la responsabilidad fiscal de las figuras públicas y el papel de la justicia en la supervisión de estas. La decisión ha sido recibida con diversas reacciones en la sociedad española, reflejando la complejidad del tema y su relevancia en el contexto actual.