La situación de los menores migrantes no acompañados en Canarias ha alcanzado un punto crítico, lo que ha llevado al Tribunal Supremo a intervenir de manera contundente. En un reciente fallo, el alto tribunal ha ordenado al Gobierno español que adopte medidas inmediatas para hacerse cargo de más de mil menores que se encuentran en la región, muchos de los cuales desean solicitar asilo. Esta decisión se produce tras el incumplimiento de órdenes previas que exigían la evaluación y atención de estos menores, lo que ha generado una creciente preocupación por sus derechos y bienestar.
### La crisis de los menores migrantes en Canarias
Desde hace tiempo, Canarias se ha convertido en un punto de llegada para numerosos migrantes que buscan asilo en Europa. Sin embargo, la situación de los menores no acompañados es especialmente alarmante. Según el Tribunal Supremo, el Gobierno ha fallado en su deber de garantizar la protección de estos menores, quienes se encuentran en una situación de vulnerabilidad extrema. La falta de atención adecuada y la masificación en la tramitación de solicitudes de asilo han llevado a que muchos de estos jóvenes no puedan acceder a los derechos que les corresponden.
El Tribunal ha señalado que, a pesar de las medidas cautelares acordadas en marzo, el Gobierno no ha realizado ninguna evaluación de los menores en los dos meses siguientes. Esta falta de acción ha sido calificada como un «claro incumplimiento» de las obligaciones estatales, lo que ha llevado a los magistrados a advertir sobre la posibilidad de adoptar medidas coercitivas, incluyendo sanciones económicas y acciones penales contra los responsables.
La resolución del Tribunal Supremo no solo destaca la necesidad de actuar con urgencia, sino que también establece plazos concretos para que el Gobierno dote a las oficinas administrativas de los recursos necesarios para la tramitación de las solicitudes de protección internacional. En un plazo de 30 días, se espera que se implementen medidas que aseguren que no transcurra más de seis días entre la manifestación de la voluntad de solicitar asilo y la formalización de la solicitud.
### Derechos de los menores y responsabilidades del Gobierno
El Tribunal Supremo ha enfatizado que el Estado tiene la responsabilidad exclusiva de garantizar los derechos de los menores migrantes. Esto incluye no solo la atención material y asistencial, sino también el acceso a un proceso justo y eficaz para la tramitación de sus solicitudes de asilo. La falta de un registro completo y detallado de los menores en situación de vulnerabilidad ha sido un punto crítico en la evaluación del cumplimiento por parte del Gobierno.
Los magistrados han instado al Ejecutivo a colaborar con las autoridades canarias para asegurar que se dispongan de los medios y recursos necesarios para atender a estos menores. Esto incluye la identificación de responsables en cada ministerio que se encargue de cumplir con las medidas acordadas. La falta de acción podría resultar en multas que oscilan entre 150 y 1,500 euros para las autoridades que no cumplan con los requerimientos del Tribunal.
La situación actual es insostenible. Los retrasos en la tramitación de las solicitudes de asilo están generando una crisis que afecta directamente a los derechos de los menores. Muchos de ellos han estado esperando durante largos periodos sin poder formalizar su solicitud, lo que les priva de acceso a los derechos que les corresponden como solicitantes de protección internacional.
El Tribunal ha dejado claro que la situación actual es incompatible con el estatuto de solicitante de asilo y que se deben tomar medidas inmediatas para corregir esta situación. La falta de acción no solo afecta a los menores, sino que también pone en entredicho la capacidad del Estado para gestionar adecuadamente la crisis migratoria en Canarias.
La intervención del Tribunal Supremo es un llamado de atención para el Gobierno y las autoridades competentes. La protección de los menores migrantes no puede ser una cuestión de segundo plano. Es fundamental que se tomen medidas efectivas y rápidas para garantizar que estos jóvenes reciban la atención y el apoyo que necesitan en un momento tan crítico de sus vidas. La responsabilidad recae en el Estado, y el tiempo para actuar es ahora.