El Tribunal Supremo de España ha confirmado la decisión del juez Pablo Llarena de no aplicar la amnistía al ex presidente catalán Carles Puigdemont y a los ex consejeros Lluis Puig y Toni Comín, quienes enfrentan cargos por malversación de caudales públicos. Esta resolución se produce tras la desestimación de los recursos de apelación presentados por las defensas de los implicados, quienes argumentaban que la decisión del juez contravenía la voluntad del legislador.
Los magistrados del alto tribunal, Vicente Magro, Eduardo de Porres y Susana Pola, han respaldado la postura de Llarena, quien en julio de 2024 ya había rechazado la aplicación de la amnistía a los delitos de malversación. En su decisión, el juez argumentó que la ley de amnistía, aprobada por el Parlamento, incluía una modificación que excluía de su aplicación a aquellos delitos que se cometieran con un «propósito de beneficio personal de carácter patrimonial».
La fiscal del Supremo, Ángeles Sánchez Conde, había mostrado una postura favorable a los recursos de Puigdemont y Comín, sugiriendo que el instructor del procés había «inventado» la idea de que los acusados se habían beneficiado personalmente al cargar al erario público los costos de la organización del referéndum independentista del 1 de octubre de 2017. Sin embargo, los jueces del Supremo han determinado que la interpretación de Llarena no solo es válida, sino que también se alinea con la intención del legislador.
En su análisis, la Sala de Apelación del Tribunal Supremo ha examinado el concepto de «beneficio personal de carácter patrimonial», concluyendo que este abarca tanto el incremento de los activos patrimoniales como la no disminución del pasivo. Según los magistrados, un individuo se beneficia patrimonialmente no solo cuando su patrimonio aumenta, sino también cuando su patrimonio no se ve afectado negativamente debido a que sus obligaciones son asumidas de manera ilícita por fondos públicos.
La decisión del Tribunal Supremo se produce en un contexto de creciente tensión política en Cataluña, donde la cuestión de la amnistía ha sido un tema central en el debate público y político. La amnistía, que fue propuesta como parte de un acuerdo para la resolución del conflicto catalán, ha generado divisiones tanto en el ámbito político como en la sociedad civil.
El rechazo a la amnistía por parte del Tribunal Supremo también pone de relieve las complejidades legales y políticas que rodean el proceso independentista catalán. La decisión de no amnistiar a Puigdemont y a sus consejeros podría tener implicaciones significativas para el futuro de la política catalana y para las relaciones entre el gobierno central y la Generalitat de Cataluña.
La resolución del Tribunal Supremo ha sido recibida con reacciones mixtas. Mientras que algunos sectores ven en ella una reafirmación del estado de derecho y de la legalidad, otros la consideran un obstáculo para el diálogo y la reconciliación en Cataluña. La situación sigue siendo tensa, y las reacciones políticas no se han hecho esperar, con diferentes partidos expresando sus opiniones sobre la decisión del alto tribunal.
En este contexto, la figura de Carles Puigdemont sigue siendo polarizadora. Desde su huida a Bruselas en 2017, ha mantenido un perfil alto en la política catalana, y su situación legal continúa siendo un tema candente en el debate sobre la independencia de Cataluña. La decisión del Tribunal Supremo podría influir en su futuro político y en el de otros líderes independentistas que se encuentran en situaciones similares.
La cuestión de la amnistía y su aplicación sigue siendo un tema de debate en la sociedad española, y la decisión del Tribunal Supremo podría tener repercusiones a largo plazo en la política española y en la percepción pública de la justicia en relación con el conflicto catalán. A medida que la situación evoluciona, será crucial observar cómo reaccionan tanto los líderes políticos como la ciudadanía ante esta nueva fase del proceso judicial y político en Cataluña.