Un subinspector de la Policía Local de Granada, V.G.B., se enfrenta a graves acusaciones de maltrato hacia su ex esposa y sus dos hijas. Este caso ha captado la atención pública no solo por la naturaleza de las acusaciones, sino también por la implicación de otros miembros de la fuerza policial en un presunto delito de espionaje. La Fiscalía ha solicitado casi siete años de prisión por violencia física y psicológica, mientras que la acusación particular ha elevado la petición a más de 15 años. Los hechos que se juzgarán en octubre de este año se remontan a 2017, cuando el acusado supuestamente comenzó a ejercer un patrón de agresiones físicas y verbales, así como conductas de control sobre su ex pareja.
### Detalles del Caso de Maltrato
Las acusaciones contra V.G.B. son alarmantes. Según el escrito de acusación de la Fiscalía, el subinspector habría llevado a cabo agresiones físicas que incluyen empujones y golpes en la cabeza y el brazo. Sin embargo, el maltrato no se limitó a su ex esposa; también se extendió a sus hijas, con desprecios y admoniciones constantes, especialmente hacia la mayor, quien supuestamente sufrió lesiones a causa de las agresiones. Además, el acusado habría accedido sin consentimiento a información personal de su ex pareja, incluyendo contactos y fotos, utilizando dispositivos electrónicos que pertenecían a ella.
El fiscal ha argumentado que V.G.B. utilizó un rastreador tecnológico para controlar los movimientos de su ex esposa, intentando averiguar si mantenía alguna relación sentimental o social. Este tipo de comportamiento no solo es un indicativo de un control extremo, sino que también plantea serias preguntas sobre la ética y la responsabilidad de un miembro de la fuerza policial.
### Espionaje y Revelación de Secretos
Paralelamente a las acusaciones de maltrato, V.G.B. y otros seis agentes de la Policía Local están siendo investigados por un presunto delito de revelación y descubrimiento de secretos. Se les acusa de acceder de manera irregular al sistema de seguimiento de víctimas de violencia de género, conocido como Viogn, para obtener información sobre la ex pareja del subinspector. Este acceso no autorizado a datos sensibles es un grave delito que podría tener repercusiones significativas tanto para los acusados como para la confianza pública en las instituciones encargadas de proteger a las víctimas de violencia de género.
La situación se complica aún más con la reciente detención de V.G.B. por presuntamente violar una orden de alejamiento que le prohíbe acercarse a su ex esposa. Aunque fue puesto en libertad provisional, se le ha impuesto la prohibición de acercarse a la localidad donde reside la víctima. Este nuevo desarrollo ha llevado a la apertura de un nuevo proceso judicial, lo que sugiere que el caso está lejos de resolverse.
La defensa del subinspector, liderada por el abogado Domingo Domingo, ha argumentado que se han archivado 17 denuncias presentadas por la ex esposa, alegando que muchas de ellas eran infundadas. Sin embargo, la acusación ha señalado que estas denuncias eran respuestas a las violaciones de la orden de alejamiento, lo que plantea dudas sobre la veracidad de las afirmaciones de la defensa.
### Reacciones de la Comunidad
La comunidad de Granada ha reaccionado con indignación ante estos acontecimientos. Recientemente, se llevó a cabo una concentración en Cúllar Vega, donde alrededor de 300 personas se reunieron para condenar la violencia de género y mostrar su apoyo a las víctimas. Este evento fue especialmente significativo, ya que se realizó en el mismo lugar donde Ana Orantes fue asesinada en 1997, un caso que marcó un antes y un después en la lucha contra la violencia de género en España.
La violencia de género sigue siendo un problema crítico en la sociedad española, y este caso ha puesto de relieve la necesidad de una mayor vigilancia y responsabilidad dentro de las fuerzas del orden. La implicación de un subinspector en un caso de maltrato y espionaje plantea serias preguntas sobre la cultura dentro de la Policía Local y la efectividad de los mecanismos de protección para las víctimas.
A medida que se acerca la fecha del juicio, la atención pública sobre este caso solo aumentará. La sociedad espera que se haga justicia y que se tomen medidas adecuadas para prevenir que situaciones similares ocurran en el futuro. La lucha contra la violencia de género es una responsabilidad compartida, y es fundamental que todos los actores involucrados, incluidos aquellos en posiciones de poder, actúen con integridad y respeto hacia las víctimas.