La reciente investigación judicial en RTVE ha destapado un escándalo que involucra a miembros del sindicato UGT en la filtración de un examen de oposición. Este caso ha generado un gran revuelo en el ámbito de la administración pública y ha puesto en tela de juicio la integridad de los procesos de selección en la corporación. La causa judicial se ha abierto tras la imputación de dos trabajadores de UGT, quienes están siendo investigados por un presunto delito de revelación de secretos. Las acusaciones han centrado la atención en el papel del sindicato durante el proceso de oposición, especialmente en la forma en que se manejó la elaboración del examen.
La situación se complica aún más con la inclusión de actas de reuniones del tribunal en el proceso judicial. Estas actas son fundamentales para entender cómo se desarrollaron los acontecimientos y qué decisiones se tomaron en relación con las medidas de seguridad para evitar filtraciones. En particular, se ha puesto de manifiesto la oposición de UGT a implementar medidas que hubieran dificultado la posibilidad de que las preguntas del examen fueran filtradas.
### La oposición de UGT a las medidas de seguridad
En el contexto de la elaboración del examen para el puesto de informador, que atrajo a 5.000 aspirantes, se propuso aumentar el número de preguntas que cada miembro del tribunal debía elaborar. La idea era que, al incrementar el número de preguntas de 24 a 60, se dificultara la posibilidad de memorizar las preguntas y, por ende, de filtrarlas. Sin embargo, los representantes de UGT se opusieron a esta medida en varias reuniones, logrando que no se implementara.
En una reunión inicial, el tribunal acordó por mayoría aumentar el número de preguntas, pero los dos miembros de UGT fueron los únicos en votar en contra. Posteriormente, uno de ellos, Julián Pérez Olmos, quien más tarde sería imputado por ser el autor de la filtración, solicitó que se volviera a discutir el tema. Esta insistencia por parte de UGT se tradujo en un cambio en la dinámica del tribunal, donde se comenzó a cuestionar la necesidad de aumentar el número de preguntas.
La Comisión de Empleo, encargada de supervisar el proceso, se mostró reacia a pronunciarse sobre el tema, argumentando que el tribunal tenía la soberanía para decidir. Sin embargo, la presión ejercida por UGT llevó a que se modificara el Manual del Comité de Valoración, permitiendo que el número de preguntas se redujera a 36, casi la mitad de lo inicialmente propuesto. Este cambio fue visto como un triunfo para el sindicato, que continuó abogando por una menor carga de preguntas en el examen.
### Implicaciones y reacciones en RTVE
El escándalo ha llevado a la nueva dirección de RTVE, bajo el liderazgo de José Pablo López, a tomar medidas drásticas. Se ha cesado al director de Recursos Humanos, Jorge San José, quien había sido acusado de connivencia con UGT. Además, RTVE ha decidido personarse en la causa judicial y abrir expedientes a los imputados. La nueva responsable de Recursos Humanos, Ana Cerrada, también ha sido objeto de críticas, ya que se le vincula con el sindicato UGT.
La situación ha generado un clima de tensión dentro de la corporación, donde se cuestiona la transparencia y la ética en los procesos de selección. La declaración de testigos en el juzgado ha revelado más detalles sobre las dinámicas internas y la presión ejercida por UGT para modificar las condiciones del examen. Durante las declaraciones, el juez Juan Ramón Reig Purón ha solicitado que se aporten las actas de las reuniones y ha llamado a declarar a Raquel de la Ossa, una trabajadora de Recursos Humanos que jugó un papel clave en la modificación de las medidas de seguridad.
Este escándalo no solo afecta a los implicados directamente, sino que también pone en entredicho la confianza del público en RTVE como institución. La corporación se enfrenta a un desafío significativo para restaurar su reputación y garantizar que los procesos de selección sean justos y transparentes. A medida que avanza la investigación, se espera que surjan más detalles que podrían tener repercusiones en el futuro de RTVE y en la relación entre los sindicatos y la administración pública.