Una reciente investigación independiente de Naciones Unidas ha llegado a la alarmante conclusión de que Israel ha cometido y continúa cometiendo genocidio en Gaza. Este informe, encargado por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, sostiene que tanto las autoridades israelíes como sus fuerzas de seguridad tienen la intención genocida de destruir, total o parcialmente, a la población palestina de la Franja de Gaza. Los principales líderes israelíes, incluido el primer ministro Binyamín Netanyahu y el presidente Isaac Herzog, son señalados por incitar a estos crímenes a través de sus declaraciones y órdenes a las fuerzas militares.
La respuesta de Israel a estas acusaciones ha sido rápida y contundente, descalificando el informe como «distorsionado y falso». Esto se produce en un contexto donde el país ha intensificado sus operaciones militares en Gaza, que ya ha sido devastada por el conflicto. El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, ha declarado que «Gaza está ardiendo», enfatizando la gravedad de la situación en la región.
La convención internacional sobre genocidio establece cinco criterios para determinar si un actor está cometiendo este crimen. Sin embargo, no es necesario que se cumplan todos; basta con demostrar la intención de destruir a un grupo nacional, étnico, racial o religioso. En este caso, la comisión de la ONU afirma que Israel ha incurrido en cuatro de los cinco actos genocidas definidos, que incluyen la matanza de miembros del grupo, lesiones graves a su integridad física o mental, sometimiento a condiciones que pueden llevar a la destrucción física del grupo, y medidas destinadas a impedir los nacimientos dentro del mismo.
Hasta la fecha, se reporta que más de 64,000 palestinos han muerto en Gaza, de los cuales más de 18,000 son niños, y más de 164,000 han resultado heridos, según el Ministerio de Salud del enclave. Estas cifras son devastadoras y reflejan la magnitud de la crisis humanitaria que se vive en la región.
La investigación de la ONU se suma a las denuncias de diversas organizaciones de derechos humanos, como Amnistía Internacional y Human Rights Watch, que también han llegado a la misma conclusión sobre el genocidio en Gaza. Otras organizaciones israelíes, como B’tselem y Physicians for Human Rights, así como la Asociación Internacional de Académicos del Genocidio y el Instituto Lemkin para la Prevención del Genocidio, han expresado preocupaciones similares. La relatora especial de la ONU para los Territorios Ocupados Palestinos, Francesca Albanese, también ha hecho eco de estas acusaciones.
El Tribunal Internacional de Justicia, aunque aún no se ha pronunciado de manera definitiva, describió en enero de 2024 como «plausible» que se esté cometiendo este delito, que es considerado el más grave en el derecho internacional. A pesar de esto, Israel mantiene su postura de rechazo ante las acusaciones, argumentando que el Consejo de Derechos Humanos de la ONU es parcial y que cuenta con el apoyo de Estados Unidos, que se retiró del Consejo en febrero de 2025.
El Ministerio de Exteriores israelí ha descalificado a los autores del informe, acusándolos de ser «satélites de Hamás» y de tener «abiertas posiciones antisemitas». En su comunicado, se afirma que el informe se basa en «falsedades de Hamás». A lo largo de sus 72 páginas, la comisión de la ONU presenta numerosos ejemplos de ataques directos a civiles, periodistas, trabajadores humanitarios y otros, incluso cuando se refugiaban en instalaciones civiles como hospitales y escuelas.
El informe también destaca el sufrimiento de los niños en Gaza, señalando que hay un patrón claro de comportamiento desde el 7 de octubre de 2023, donde las fuerzas de seguridad israelíes han atacado a niños en diversas circunstancias con la intención de causarles daño. Esta situación ha llevado a un aumento en la presión internacional sobre Israel para que rinda cuentas por sus acciones.
El documento subraya que los soldados israelíes han estado actuando bajo las órdenes de los líderes militares y políticos del país, a menudo en consonancia con las declaraciones genocidas realizadas por estos. Además, se menciona que los ataques de Hamás que provocaron la respuesta militar israelí no ocurrieron de forma aislada, sino que fueron precedidos por décadas de ocupación ilegal y represión, bajo una ideología que busca la expulsión y reemplazo de la población palestina.
La comisión de la ONU recuerda a Israel que tiene la obligación legal de poner fin a estas atrocidades y de castigar a los responsables. Esta obligación también recae sobre los más de 150 países firmantes de la convención de 1948, que están compelidos a tomar «todas las medidas razonables a su alcance» para prevenir la destrucción total o parcial del pueblo palestino. La situación en Gaza continúa siendo crítica, y las voces que claman por justicia y rendición de cuentas se hacen cada vez más fuertes en la comunidad internacional.