La Fiscalía de Barcelona ha dado un paso significativo al abrir diligencias penales para investigar las torturas que tuvieron lugar en la Jefatura Superior de Policía de Vía Laietana durante la Transición Española. Esta acción se produce tras la denuncia presentada por Blanca Serra, una activista de la izquierda independentista, quien relató las torturas sufridas tanto por ella como por su hermana, ya fallecida, en diversas detenciones entre 1977 y 1982.
Blanca Serra ha compartido su experiencia, describiendo los métodos brutales a los que fue sometida, como golpes en la planta de los pies que le causaron lesiones severas. Su denuncia ha recibido el apoyo de varias organizaciones, incluyendo Òmnium Cultural y la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT), así como del colectivo de derechos humanos Irídia. Estas entidades han respaldado su lucha por justicia y reconocimiento de las violaciones de derechos humanos que se cometieron durante un periodo crítico de la historia de España.
La Fiscalía ha subrayado la importancia de investigar estos delitos, en cumplimiento de la Ley de Memoria Democrática, que establece la obligación de garantizar a las víctimas el derecho a la verdad, la justicia y la reparación. Esta normativa se aplica a graves violaciones de derechos humanos que ocurrieron en el contexto de un régimen de represión institucionalizada, como fue el caso del franquismo y la Transición.
El Ministerio Público ha señalado que la investigación no necesariamente tiene que culminar en acciones penales, sino que su objetivo principal es asegurar que las víctimas puedan acceder a la verdad y a la justicia. Este enfoque ha sido destacado como un avance en la lucha por los derechos humanos en España, donde el reconocimiento de las atrocidades del pasado ha sido un tema delicado y a menudo controvertido.
La apertura de esta investigación ha sido calificada como un «precedente histórico» por parte de Irídia, que considera que es la primera vez que se escucha a una víctima de torturas del franquismo y la Transición en el ámbito de la Fiscalía de memoria democrática. La organización ha expresado su esperanza de que esta investigación permita acceder a archivos policiales, tomar declaraciones de testigos y peritos, y, sobre todo, identificar a los responsables de las torturas sistemáticas que se llevaron a cabo en Vía Laietana.
Este caso resalta la necesidad de abordar el pasado reciente de España con una perspectiva de justicia y reparación. La memoria histórica sigue siendo un tema candente en la sociedad española, y la investigación de las torturas durante la Transición podría abrir la puerta a un diálogo más amplio sobre las violaciones de derechos humanos que ocurrieron en ese periodo.
A medida que avanza la investigación, se espera que se produzcan más testimonios y que se amplíe la comprensión de las experiencias vividas por aquellos que sufrieron en manos del régimen. La búsqueda de justicia no solo es un derecho de las víctimas, sino también un paso crucial hacia la reconciliación y la construcción de una sociedad más justa y equitativa.
La Fiscalía ha reafirmado su compromiso de llevar a cabo una investigación efectiva, que no solo busque la persecución penal, sino que también garantice a las víctimas sus derechos fundamentales. Este enfoque podría sentar un precedente importante para futuras investigaciones sobre violaciones de derechos humanos en España, y podría contribuir a un cambio en la forma en que se aborda la memoria histórica en el país.